El exdecano de los abogados de Málaga dice que la Fiscalía «miente» en la acusación que hace contra él de obstrucción a la justicia

El fiscal «miente» en su escrito de acusación contra el exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara en el caso abierto en relación a la suspensión de servicios de guardia que se produjo en pleno estado de alarma decretado por la pandemia. Así de contundente se ha mostrado el exrepresentante de los letrados tras conocer la postura del Ministerio Público, que ha solicitado que sea condenado a pagar una multa de 5.400 euros por un delito de desobediencia grave, al considerar que obstruyó a la justicia.

En declaraciones a este periódico, Lara ha insistido en que las conclusiones a las que llega el fiscal son parciales y que éste «miente de manera deliberada» en su escrito. Explica que es «incomprensible» que el representante del Ministerio Público afirme en el documento que el exdecano tomó una determinación personal al no facilitar los nombres de los letrados que se encontraban de guardia aquel día en Málaga tras ser requerido para ello, sin embargo recuerda que, tal y como consta en las diligencias previas, se trató de una decisión colegiada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados adoptada por unanimidad.

Otro aspecto de suma importancia, según continúa Lara, es que el fiscal no recoge en sus conclusiones provisionales el contexto en el que la Junta de Gobierno tomó la decisión: «No hace ninguna mención a la pandemia, cuando esta medida se adoptó cuando no había mascarillas, ni gel y cuando morían cada día miles de personas por un virus del que no sabíamos cómo se transmitía, solo que quien se veía afectado por él se moría».

En este sentido, ha insistido en que la única intención de todo lo que se hizo era proteger a los abogados. Lara ha recordado que, durante el confinamiento, se creaban grupos de Whatsapp diarios en los que estaban los letrados de guardia, dos empleados del Colegio de Abogados, él como decano y Guillermo Jiménez, entonces responsable del Turno de Oficio y ahora candidato al Defensor del Colegiado.

«Entre Guillermo y yo, por mandato de la Junta de Gobierno, coordinábamos esos grupos y velábamos porque no se pusiera en peligro la vida de los abogados», ha añadido el exdecano.

Por otro lado, Lara ha indicado que el fiscal lo acusa de impedir el libre ejercicio del derecho a desempeñar su profesión a los abogados que estaban dispuestos a prestar el servicio de guardia de detenidos. En este sentido, ha precisado que se trata de una treta del Ministerio Público para enfrentarlo con su colectivo, ya que ha asegurado que no tiene autoridad ni potestad para ello.

Por otro lado, el exresponsable de los letrados ha aseverado que, no habiendo responsabilidad civil y sin que el fiscal lo pida, el juzgado instructor del caso solicita que abone una fianza por el importe de la muta que pide el Ministerio Público que se le imponga como pena. «Quiere que pague la condena por adelantado, qué pasa si me absuelven, no estamos hablando de una responsabilidad civil», ha señalado.

Finalmente, Lara ha querido dejar claro que confía «plenamente en la justicia y en que en algún momento habrá un juez o fiscal que no estén contaminados» contra él y que «dejen de lado el corporativismo y el revanchismo para aplicar el derecho y la justicia de forma absolutamente imparcial». Además, ha asegurado que está deseando llegar al plenario para poder practicar las pruebas que no le han dejado en la fase de instrucción.

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