Condena millonaria al SAS por retrasar una cesárea y causar un 95% de discapacidad a un bebé en Málaga

Los hechos se remontan a octubre de 2014. Como explica el Defensor del Paciente, cuyo abogado, Damián Vázquez, asumió la representación de la familia, la madre acudió al hospital malagueño el 12 de octubre, cuando estaba en su 38ª semana de gestación, al presentar contracciones. Aquel día fue dada de alta.

Volvió al hospital a la jornada siguiente, cuando ya se procedió a su ingreso hospitalario. No obstante, a pesar de la insistencia de los padres, no se le practicó la cesárea hasta la tarde del día 17, cinco días después de su primera visita al Clínico, cuando se informó a la madre de que había sufrido un desprendimiento de placenta, con sufrimiento por hipoxia isquémica de la bebé.

La niña nació en parada cardiorrespiratoria, precisando maniobras de reanimación, intubación y dosis de adrenalina. La magistrada alude en la resolución al dictamen que emitió el perito procesal, el cual concluye que hubo un «nexo causal entre la asistencia y las lesiones -permanentes e irreversibles- producidas» a la menor.

De hecho, apunta a que el «retraso en el diagnóstico del desprendimiento de placenta» impidió que se tomasen las medidas oportunas, además de señalar que se detectaron omisiones en la actuación sanitaria, así como «falta de control sobre la evolución del parto».

En base a este informe, como se indica en la sentencia, se concluye que la atención recibida por la madre y su hija en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria «no se ajustó a la lex artis ad hoc», ya que «los circuitos de asistencia fueron deficientes, con malos resultados perinatales, dejando secuelas de por vida a la recién nacida».

De acuerdo con el fallo judicial, el SAS tendrá que pagar a la familia una indemnización por importe de más de 2.683.022 euros, a la que habrá que añadir los intereses -lo que puede ascender a unos tres millones y medio- para ayudar a los padres a prestar a la niña la ayuda y atención especializada que necesita, ya que presenta una gran invalidez y minusvalía del 95 por ciento.

La resolución ya es firme, ya que la misma ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, posteriormente, por el Tribunal Supremo, que rechazó admitir a trámite el recurso de casación presentado contra la misma por el SAS.

Según explica el Defensor del Paciente, el fallo supone el fin de un periplo judicial de varios años para los padres malagueños y su hija, quien ha quedado postrada y en un estado total de dependencia desde el parto a causa de la negligencia médica cometida.

La misma, incide la asociación, está acreditada por el compromiso fetal intrauterino que obligaba a realizar una cesárea de urgencia e igualmente consta acreditado en el historial médico la existencia de encefalopatía hipóxico-isquémica y desaceleraciones en los monitores. En estos casos, incide, la rapidez y urgencia en la cesárea es vital para evitar daños irreversibles, como ha sido el caso.