El riesgo de 'españoles, primero'

Al albur de la pandemia. Ahí están 25,9 millones de personas refugiadas en otros países, 41,3 millones desplazadas internas y 3,5 millones de solicitantes de asilo, según Acnur el número más alto jamás registrado desde la II GM. Ahí están los campos de refugiados de inmigrantes, auténticos campos de concentración donde la vida no vale nada. Ahí está Siria como el primer país de origen de las personas refugiadas en el mundo por un conflicto de ocho años, seguida de Afganistán, Irak, Somalia, R. D. Congo, Sudán, Sudán del Sur, Myamar o Palestina. Es, por tanto, una invitación a reflexionar sobre los derechos de las personas obligadas a huir de su hogar por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, grupo social, de género u orientación sexual.

Merece la pena destacar, más allá de la pandemia, asuntos desde la perspectiva de los derechos humanos como algo que se antojaba imposible hace unas semanas: los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) españoles vacíos. Las organizaciones sociales llevamos años reivindicando el cierre, principalmente por su esencial incompatibilidad con un respecto efectivo de los derechos humanos e incluso con la propia Constitución, pero también por su ineficacia absoluta.

Hemos visto en países como Portugal o Italia un notable cambio respecto a los derechos de las personas migrantes. Mientras hace unos meses Salvini impulsaba desde el Ministerio del Interior unas políticas represivas en materia de migraciones, el coronavirus ha hecho posible una regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular sin precedentes. Portugal se adelantó tomando también estas medidas. En España se han llevado a cabo algunas decisiones en esta línea, pero mucho más tímidas y limitadas, centradas en intentar salvar las campañas agrícolas o paliar dificultades en las renovaciones de permisos de residencia. Entendemos que se puede ser mucho más ambicioso e impulsar una regularización que permitiera atender a uno de los colectivos que con más crudeza sufre la pandemia. Y no como una solución transitoria de emergencia, sino inicio de un cambio de políticas donde primen las vías de acceso seguras y la regularidad administrativa sea la regla.

Para dar solución a la situación de irregularidad de migrantes durante la pandemia, el 13 de abril cerca de 200 organizaciones lanzaron la campaña 'Regularización ya'. La Oficina de Asilo (OAR) acumula actualmente más de 100.000 expedientes de asilo pendientes.

En Málaga, la Asociación de Personas Sin Hogar de Málaga ha identificado a 357 en situación de calle, un 224% más respecto a años anteriores. Una de cada cuatro es mujer, una evidente feminización del sinhogarismo. Además, un 87,67% de las personas sin hogar sufren vulnerabilidades tales como discapacidad, enfermedad mental y estar en situación irregular.

También en Málaga, desde el inicio del confinamiento, las organizaciones sociales han atendido a gran múmero de personas en necesidades básicas: alimentos, medicación, alquileres, etc. Una labor complicada, casi de 'apagafuegos', ante la inexistencia de un plan municipal ordenado y estructurado para una respuesta clara y presupuesto acorde. Han podido comprobar que los teléfonos y mecanismos habilitados por las diferentes administraciones no ofrecen una respuesta eficaz, quedado numerosas familias sin respuesta o a la espera de una llamada que no llega. Son conscientes también de una situación sin precedentes que ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones, pero también conocedores de que la excepcionalidad se va a alargar y afectará, como siempre, a los más vulnerables, generando situaciones complicadas que exceden a la capacidad de las organizaciones. Por ello, reclamamos al Ayuntamiento de Málaga un plan de emergencia que ayude a paliar unas situaciones de exclusión social que van a persistir durante los próximos meses, un plan realista y dotado de medios técnicos y económicos. El reciente día mundial es un reclamo a una actuación social inaplazable que no abandone a las personas migrantes más vulnerables, y corte de raíz las decisiones políticas y administrativas que puedan alentar el racismo y la xenofobia, porque a nuestras organizaciones les preocupa que en la llamada desescalada prime la consigna de 'los españoles, primero' dadas las profundas consecuencias socioeconómicas que va a dejar la pandemia.