Los mariachis y los tributos

Aunque les precede la mala fama, las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) no dejan de ser una de las modalidades de Institución de Inversión Colectiva (IIC), que son las que «tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos» (art. 1 de la Ley 35/2003). En la inversión colectiva participan conjuntamente varios inversores y se pueden dividir según su forma jurídica (fondos o sociedades de inversión) o según su finalidad de inversión (de carácter financiero o de otra naturaleza, en general en inmuebles). Las SICAV son en definitiva las IIC de carácter financiero que adopten la forma societaria. Sin embargo, siendo una opción de inversión de incuestionable legalidad, las SICAV se asocian de forma directa a los paraísos fiscales y al menguado pago tributario del 1% para ricos privilegiados. No cabe hablar de paraíso fiscal porque estos son países o territorios con baja o nula tributación y con grandes incentivos para ventajas financieras de calado (es más, España califica como tales los recogidos en el Real Decreto 1080/1991). Sí es verdad que la tributación es muy favorable, ya que si la SICAV (o el fondo) gana dinero, pagan el 1%, pero en caso de retirada de la inversión, tributará en el IRPF la correspondiente plusvalía por la venta al tipo vigente. Visto lo anterior, ¿está justificada esa mala reputación de las SICAV? Pues sí, y la culpa es del fraude que implica que estas sociedades sean utilizadas de facto como una forma de inversión individual, pero justificadas de iure como una inversión colectiva, que como se ha dicho antes, cuenta con una fiscalidad mucho más favorable. ¿Y dónde está el truco?: en los 'mariachis'. La ley (art 9.4) exige 100 inversores (para hacer honor a lo de colectiva), pero los dueños de verdad, los que controlan la sociedad en su casi totalidad, contratan inversores de paja para cubrir en apariencia el requisito legal. La Inspección de Hacienda en 2005 detectó este fraude y la respuesta del PP, PSOE y CiU fue sustraer la inspección a las SICAV de la AEAT a la CNMV, con gran regocijo de los interesados, a los que se anularon las actas de infracción, perdiendo el Estado millones de euros. No hay duda que para defender algunos intereses, el bipartidismo, con la colaboración de los ahora independentistas, funcionaba a la perfección.

Parece que se quiere enmendar este despropósito en el Proyecto de LGPGE para 2019, que atribuye de nuevo a la Administración Tributaria la comprobación del número de accionistas requeridos en las SICAV, con gran disgusto de la asociación que reúne a las IIC y a los Fondos de Pensiones, que augura fuga de capitales y grandes males a la economía española por esta medida. Estando por medio 'mariachis', algunos se han creído aquello que se canta en la ranchera: «Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley».