Apoyo unánime del CGPJ a la propuesta del Gobierno para que Peramato sea fiscal general

La decisión del Consejo de respaldar hoy sin fisuras la designación de Peramato, fiscal jefa de Penal en el Supremo, lanza además un mensaje alejado de la situación que vivió su antecesor Álvaro García Ortiz, que en noviembre de 2023 vio como una mayoría de consejeros rechazó su nombramiento después de que el Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, considerase que había incurrido en «desviación de poder» en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del alto tribunal.

En aquella ocasión, el Consejo se apoyó también en lo que entendió como una política de nombramientos discrecionales con la que García Ortiz había favorecido a los miembros de su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que también pertenece Teresa Peramato. El pleno reprobó sus criterios erróneos en asuntos como con la ley del 'solo sí es sí' o por su «inactividad» ante las acusaciones de 'lawfare' contra los fiscales del 'procés'.

Sin embargo, con esta candidata el mensaje ha sido radicalmente opuesto. Se confirma que se trata de un jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia y que no tiene impedimentos para ejercer su nueva función. En clave interna, los integrantes del CGPJ vuelven al consenso tras la abrupta ruptura que vivió el pleno hace solo un mes con otros nombramientos en la alta magistratura.

Tras la solicitud del Gobierno al CGPJ para que emita dicho informe, Peramato tendrá que comparecer ahora ante la Comisión de Justicia del Congreso para que el órgano parlamentario haga su propio examen a la candidata, aunque tampoco es vinculante. Tras ello, solo quedará que el Rey efectúe el nombramiento, a propuesta del Consejo de Ministros, para formalizar la designación de la fiscal de Sala, que se convertirá en la cuarta fiscal general del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.

Progresista y experta en la lucha contra la violencia de género, cuenta con el respeto de sus pares por sus 35 años de carrera, si bien algunas voces aprecian en ella una excesiva «carga ideológica» por su vinculación a la asociación UPF. Su principal desafío será cerrar la brecha interna abierta en los últimos años y recuperar la imagen del Ministerio Público, tal y como le han pedido asociaciones de fiscales y de jueces.