Los socios se inquietan

El dilema de los socios es profundo. Sostener un Gobierno en caída tiene un coste, pero romper con él, también. La tensión entre estas dos alternativas somete al electorado a una continua ducha escocesa. De un lado, los casos de corrupción que cercan al Gobierno y que han desbaratado el espíritu regeneracionista con el que Sánchez llegó a La Moncloa precisamente tras una sentencia por la 'trama Gürtel', con Ábalos como principal escudero. El asunto pesa en los aliados, pero la línea roja sigue situada en que se encuentren pruebas de financiación ilegal en el PSOE que, hasta ahora, no han aflorado. Y, a la vez, dejar caer a Sánchez también tiene sus consecuencias.

Para Junts, el desgaste de seguir en esta alianza era superior a los riesgos de la ruptura, sobre todo con el fenómeno ultra de Aliança Catalana comiéndole terreno vertiginosamente. Una parte de sus votantes no comparte el imaginario antifascista que defiende gran parte de la izquierda. Por otra parte, ERC y Bildu tienen que gestionar sus propias contradicciones. Respaldar al Gobierno en esta tormenta les cuesta, lo admiten, pero el temor a una caída que dé paso a una mayoría PP-Vox es aún más fuerte: les horroriza. De ahí que se sientan cómodos en un escenario de polarización y ruptura que quieren para mantener movilizadas a sus bases.

Sumar se enfrenta a un dilema existencial. Su identidad está atada a la responsabilidad institucional y a la estabilidad progresista, pero romper ahora con el Gobierno podría significar la disolución de su relato político. Mantenerse en la coalición los desgasta, sí, pero dar el paso hacia la ruptura los amenaza con arrastrarlos a la nada. Podemos también atraviesa una crisis identitaria que le lleva a romper con Sánchez para evitar el naufragio definitivo, aunque suponga el hundimiento de la alternativa 'progresista'. Con la izquierda tan atomizada, PP y Vox solo tienen que esperar. El acuerdo de Valencia para relevar a Carlos Mazón es el primer acto. Su problema es que les pueda la ansiedad.

El debate en el PNV es más complejo. Se siente hace tiempo incómodo con Sánchez. Pero sabe que el acercamiento al PP, con Vox en la recámara, puede ser letal para sus intereses en un contexto en el que EH Bildu compite con ellos por la hegemonía política en Euskadi y la alianza con los socialistas les garantiza el control institucional. En este equilibrio inestable, los socios golpean, critican, pero no derriban.

En medio de este juego de tensiones surge una nueva pregunta: ¿Y si Pedro Sánchez decidiera adelantar las elecciones al segundo semestre de 2026, tras las autonómicas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía? Algunos ya manejan la hipótesis de que el presidente podría anticiparse al desgaste del PSOE y poner fin a la legislatura para evitar someter a su partido a una catástrofe en las locales de 2027.

La simple posibilidad de un adelanto electoral —aunque aún parezca remota— introduce una nueva variable que aumenta la presión sobre los socios. Un escenario así obligaría a cada partido a decidir, con mayor urgencia, qué hacer: sostener al Gobierno hasta el final para evitar ser culpabilizados o distanciarse cuanto antes para evitar ser arrastrados. La pregunta en el aire es cuánto más puede aguantar un Gobierno que depende de la supervivencia de sus aliados, no de su lealtad.