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R. C.
Domingo, 12 de marzo 2017, 01:21
Cuatro semanas después de conocerse la sentencia del 'caso Nóos', dictada por la Audiencia Provincial de Mallorca, el juez que instruyó la causa durante casi cuatro años, José Castro, dio ayer sus primeras impresiones sobre la investigación que acabó con la infanta Cristina en el banquillo de los acusados, aunque finalmente fue absuelta por el tribunal juzgador.
En una entrevista a Europa Press, la primera que concede, Castro reveló que desde julio de 2010 a junio de 2014, periodo que duró la fase de instrucción, «durante uno de ellos, o casi», la causa estuvo «detenida en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para ver si se imputaba o no» al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Palma señaló también que, aparte de la retención en Valencia, las causas de que la instrucción durase el tiempo que duró fueron «las condiciones de auténtica vergüenza» con las que trabajan «debido a la carencia de medios», la demora en los informes de Hacienda o «los cientos de recursos interpuestos», algunos de ellos, añadió, «no presentados de manera correcta». «Se habla de retraso en la instrucción», dice, «pero no de todo se puede responsabilizar al juzgado», afirmó en la entrevista.
Según el magistrado nacido en Córdoba en 1947, «el presidente y diputados del PP han hablado de muchos años» en referencia al caso y se dice, agrega, que «las cosas deberían ir más rápido». «Y sí», continúa, «las cosas irían más rápidas si no hubiera tanta corrupción en el PP, si no nos dieran tanto trabajo» (en referencia a las 25 piezas que ha acumulado el 'caso Palma Arena', matriz de 'Nóos').
«Que se limpien la boca»
De julio de 2010 al juicio, que se celebró en junio de 2016, lo que ha habido entre la fase de instrucción y el juicio oral, relata, «es la fase intermedia en la que se han presentado los escritos de acusación, de defensa, etcétera». «No he conocido jueces vagos», continúa el juez que considera que «los que hablan» de este tema «tendrían que limpiarse la boca» ya que, según asegura, no conoce a ningún juez «que no venga a trabajar por la tarde o no se lleve trabajo a casa». «No hay un solo día en el que no se haya trabajado en este caso», asevera en respuesta a las críticas sobre su lentitud.
«Si yo digo», explica, «ofíciese a la Agencia Tributaria y esta tarda seis o siete meses, es un retraso imputable al juzgado pero que materialmente no lo es». «Así», dice, «hablamos también del caso del Tribunal Superior de Valencia y de los cientos de recursos que se han interpuesto, y no todos perfectamente fundamentados ni justificados».
Para Castro, este es uno de los grandes problemas de la Administración de Justicia y pone como ejemplo el estado en el que trabajan los peritos. «Si mandas una cosa a peritaje, prescribe», resume. «Así que», confiesa, «hemos dejado de pedirles peritación, prescindimos de ellos en la medida de lo posible y los peritajes los hacemos nosotros, comparando precios en internet».
De esta manera, resume que puede haber «retrasos imputables al juzgado pero no se le puede responsabilizar por ellos por que en la causa intervienen muchos factores: fiscales, abogados, recursos, etcétera».
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