La Eco Finca de Ojén afronta su segunda orden de desahucio por 15 infracciones, según La Junta

El motivo, según el argumentario de la institución, es que «se han detectado 15 infracciones que supone un incumplimiento grave de la normativa». Esta decisión ha tenido respuesta esta mañana cuando cerca de 70 personas se han manifestado en Málaga frente a la Delegación de Medio Ambiente de Málaga. Paralelamente, una campaña en Change.org, iniciada por el actual gestor a comienzos de este mes, ya había conseguido a las cuatro de la tarde de hoy el apoyo de más de 70.000 personas.

Antonio Calvo ha explicado a Sur que el día 3 mayo recibió una notificación «con grandes palabras técnicas e incomprensibles, que entendemos nos obliga a desmontar las instalaciones y desalojar los animales en un plazo de diez días. Si son días hábiles, la fecha sería el día 17 de mayo», ha calculado. «Hemos recibido otras notificaciones, pero nuestro abogado nos dice que no me lo tome a mal, que son procedimientos que ellos tienen. Es una forma de asustarte», ha asegurado Calvo.

La primera de las notificaciones de la Junta se cursó a finales de agosto de 2020, que le requería la corrección de deficiencias, «sin que estas hayan sido solventadas hasta la fecha», aduce el escrito enviado por la Delegación de Medio Ambiente. Posteriormente, en febrero de 2022, se procedió a la apertura del expediente sancionador y se tomó la medida cautelar de cierre de las instalaciones «para garantizar la seguridad y salud pública de los visitantes del centro y del propio personal». La última fue recibida por Calvo el 3 de mayo y es la que Junta pretenden ejecutar.

Tras el incumplimiento «reiterativo y sistemático» de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), concedida en 2016 a la empresa de Antonio Calvo, «se resuelve ordenar la caducidad de la concesión de ocupación de terrenos de Monte Público». La idea de la Delegación de Medio Ambiente es es continuar con la actividad de esta reserva y licitar una nueva empresa concesionaria. Se trata de la segunda vez que la Eco Reserva de Ojén se enfrenta a un expediente de desahucio y ejecución subsidiaria. De procederse finalmente con este recurso, los animales «no se van a desalojar ni desahuciar». Los animales van a seguir en su hábitat».

Según Calvo, tras recibir las primeras notificaciones presentó alegaciones, un recurso de alzada y un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, y considera que su caso «es una injusticia y un abuso de poder». El gestor de la Eco Reserve de Ojén introduce en la conversación el término jurídico 'desvío de poder' para explicar, a su juicio, la forma de actuar de la Administración en el caso de la Eco Reserva de Ojén. Considerado por los juristas como «un vicio administrativo» consistente, grosso modo, en desviar las competencias y potestades amparándose en la legalidad», suele ser muy difícil de demostrar ante un tribunal de lo contenciosos-administrativo.

Calvo está preocupado y no solo por la multa de 65.000 que deberá afrontar. «El monte mediterráneo está muy seco y muy castigado. No hay recursos, no hay hierba, no hay pastos, no hay frutos», ha justificado. «¿Cómo se alimentan más de cien animales?», se ha preguntado. «Nos sancionan por instalar depósitos de agua que recogen el poco agua que ha caído en invierno y almacenarla hasta verano. Medio Ambiente se ha olvidado de su función, que es cuidar a los animales».

Tanto la Delegación Territorial y como agentes de Medio Ambiente, la gestión de Calvo supone «un incumplimiento grave de las normativas que regulan en Andalucía los parques zoológicos» y plantea que la propia concesión no solo implica riesgos para las personas, sino que carece de licencia de apertura del Ayuntamiento de Ojén o de registro de explotación ganadera de la Oficina Agraria de Estepona. Entre las 15 irregularidades detectadas por Medio Ambiente, se cuentan, además, algunas relacionadas con la gestión de residuos peligrosos, y la carencia de autorización para obras, infraestructuras y equipamientos.

Entre tanto, Calvo sigue recibiendo apoyo de diferentes ciudadanos, asociaciones como PACMA y la fundación Ochotumbao, de Dani Rovira, así como de empresas como el Corte Inglés. «Nos envían cajas de frutas cada dos días sin pedir ninguna contraprestación, pero la Junta nos acusa de producir residuos plásticos», ha señalado. «Las leyes son como los refranes, siempre vas a encontrar uno que apoye tu argumento», ha lamentado.