La Junta da un paso clave para reactivar la construcción de pisos de VPO en Málaga

La administración con competencia en materia de vivienda protegida es la Junta de Andalucía. Sin embargo, en los últimos años, ha aparcado la construcción de este tipo de hogares con sus propios medios, pese a contar con suelo para ello en Málaga. Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, guiada por el plan estatal de vivienda, han optado por canalizar ayudas para que sean ayuntamientos como el de la capital los que lleven a cabo la ejecución de los pisos, y por subastar parcelas reservadas para VPO, de forma que sean empresas privadas las que las hagan.

Sin embargo, las voces más autorizadas del mercado residencial han hecho ver a la Junta que no puede echar mano de los promotores para relanzar el mercado de la vivienda protegida si no modifica las reglas que rigen su construcción para que les resulte atractiva y rentable. Así lo han puesto de manifiesto en diferentes foros, como algunos de los organizados por SUR este mismo año.

Pues bien, según ha podido conocer este periódico, esa reivindicación va a encontrar por fin respuesta desde el Gobierno andaluz. La Consejería de Fomento, con su nueva titular, Rocío Díaz, a la cabeza, trabaja en un decreto para modificar los parámetros que actualmente marcan la construcción de VPO en Andalucía, de forma que se asuman las inquietudes de los empresarios para que les vuelva a resultar interesante y, sobre todo, viable económicamente.

Para ello, altos cargos de la consejería han mantenido en los últimos días nuevos contactos con Fadeco Promotores, la federación regional de las empresas del sector inmobiliario, presidida por el malagueño Ignacio Peinado, y con otras asociaciones de empresarios similares a nivel provincial, para abordar unos cambios en la normativa que regula la VPO en Andalucía que van a resultar decisivos para impulsarla en territorios especialmente tensionados respecto al acceso a la vivienda, como es el caso de Málaga.

Aunque todavía está en estudio cuáles van a ser los cambios que se van a introducir para que la vivienda protegida vuelva a entrar en los planes de negocio y trabajo de las promotoras, desde Fadeco se han estudiado unas medidas básicas para alcanzar este objetivo, que ya se han puesto sobre la mesa de la Consejería de Fomento. Para compensar la subida de los costes de la construcción un 25% en los últimos años, plantean que el precio de la VPO se incremente en torno a un 15%.

Asimismo, piden que revisen los topes salariales para acceder a una vivienda protegida, de forma que más familias de clase media puedan adquirirlas sin verse limitadas porque sus ingresos exceden lo permitido. Para ello, plantean que el límite actual de 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para las viviendas públicas a precio limitado se incremente al 7. En la Comunidad de Madrid, el tope salarial ya está a 7,5 veces el IPREM.

De igual modo, apuestan por establecer un mecanismo para que el precio de la VPO pueda revisarse en función del IPC como sucede en Cataluña, según apuntaron fuentes cercanas a Fadeco.

La intención de la Junta es que dentro de este año puedan entrar en vigor este nuevo marco legal para la VPO, de forma que los promotores vuelvan a mostrar interés por desarrollarla en los ejercicios venideros. Como han advertido los empresarios, se necesita un aliciente con urgencia.