La paradoja a la que se enfrenta la ley Celaá: menos centros, pero más demanda en la concertada

Estos alumnos se reparten y distribuyen en 94 centros (54 en la capital). A pesar de que los centros concertados representan una cifra baja si se compara con el total de centros que hay en la provincia, casi uno de cada cinco alumnos estudia en uno de ellos. Un dato que evidencia la buena consideración que tienen estos centros entre los padres, que los ven como una buena opción para forjar a sus hijos. En determinados centros, la palabra lista de espera no es ninguna rareza. La reforma educativa del Gobierno central, la LOMLOE, mejor conocida como 'ley Celaá', alterará el equilibrio que existe hasta ahora. La concertada teme verse perjudicada a medio plazo.

Para ver por qué flanco se siente amenazada la concertada hay que pormenorizar el contenido de las 81 páginas que trazan el nuevo marco educativo. El principal punto de la discordia se concentra en el artículo 109. La ley habla textualmente de «armonizar» la oferta de plazas con el objetivo de potenciar la educación pública.

La nueva ley fija que antes del proceso de matriculación se determine ya cuántas aulas son necesarias en función del número de estudiantes que componen el área de influencia. Si sobran plazas porque la oferta que suman los públicos y concertados es superior al número de alumnos, la ley contempla dejar de financiar las plazas de la concertada que puede absorber la oferta pública. Para materializar esta vocación, la reforma educativa ha eliminado el concepto de la llamada «demanda social», que en la ley que aún está vigente se fija en el artículo 109.2. Esto implica que los centros concertados no pueden abrir más plazas, aunque haya más padres que desearían matricular a sus hijos en una de estas instituciones educativas.

En los últimos dos cursos, según la delegada de Educación en Málaga, Mercedes García Paine, hubo más demanda que oferta en, al menos, los siguientes centros: La Asunción, Las Esclavas, San Estanislao, Salesianos, Maristas, El Pilar, Sagrada Familia y Cardenal Herrera Oria.

Para el portavoz de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), José Miguel Fernández, la eliminación del concepto de «demanda social» implica atentar de forma velada contra la libertad de los padres a la hora de elegir el centro que desean para sus hijos. «La administración no es quien para elegir el centro en el que va a estudiar tu hijo o hija. La libre elección de centro es una de las reivindicaciones y preocupaciones que más incidencia están teniendo», detalla a SUR.

Fernández también percibe que la 'ley Celaá' supone un agravio para la concertada, que se modificará el mapa educativo de Málaga en el medio plazo: «Podrían desaparecer unidades de colegios concertados». El portavoz de FSIE habla de cinco a diez años.

La ley no llama explícitamente a cerrar las líneas que queden sin financiación pública. En teoría, se podría mantener sin el aporte público. En la práctica, sin embargo, resultaría inviable para los centros. De ahí la coincidencia en que los consultados hablen de de «ataque velado».

Otra cuestión importante a resolver es cómo quedará ahora el acceso a la concertada en Málaga. La nueva ley cambia los criterios y fija las mismas áreas de influencia para los centros públicos y privados. El área de influencia es el baremo para dar preferencia de acceso a las familias. Con la 'ley Celaá', prima vivir cerca del centro escolar y la renta per cápita de la unidad familiar. Por ejemplo, unos padres que viven en la Cala del Moral lo tendrán más difícil si quieren que su hijo estudie en un concertado de la capital. En su área de influencia habrá una plaza en un público.

Según los datos de la Consejería de Educación, la capital se divide en estos momentos en 51 áreas de influencia para primaria y 32 para secundaria. García Paine asegura que por el momento desconocen cómo cambiaría este mapa con la 'ley Celaá', aunque estiman que el número de áreas menguará.

Al margen de puntos que afectan al currículo, como que religión deja de sumar para subir nota, hay otro punto que pone en riesgo la estabilidad financiera de los colegios concertados en Málaga. La ley prohíbe el pago de cuotas a través de fundaciones o actividades extraescolares. La 'ley Celaá' prioriza también la ampliación de plazas públicas en las zonas de nueva construcción. Las administraciones tampoco podrán ceder suelo público para construir nuevos centros concertados. A efectos prácticos, aseguran en FSIE, supone frenar cualquier posibilidad de que la concertada pueda crecer en Málaga.

La Federación Democrática de Asociaciones de Padres de Alumnos (FDAPA), que agrupa a 500 ampas de centros públicos de la provincia de Málaga, estima que la reforma educativa que ha aprobado el Gobierno «se queda corta», al considerar que no refuerza la educación pública en el grado que la federación estima oportuna. La portavoz de FDAPA, Pilar Triguero, detalla a este periódico que la llamada ley Celaá se «queda corta» y que de «un gobierno progresista hubiéramos deseado que vaya mucho más allá».

Según Triguero, el Ejecutivo de PSOE y Podemos se habría limitado a retrotraerse al marco educativo que se fijó en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Triguero pone de ejemplo a la religión: «No tiene cabida dentro de escuela, si no es dentro de la asignatura de historia de las religiones. Porque la historia de las religiones enseña y educa». Por otra parte, Triguero niega que los centros concertados puedan desaparecer: «Desaparece la impunidad de cobrar cuotas».