La oportunidad perdida del tren litoral

Álvarez, que fue entrevistada en el programa 'La Alameda' -coproducido por la televisión local de Málaga 101 TV y el diario SUR y presentado por el director del periódico, Manuel Castillo- relató que las diferencias entre ella y la entonces consejera de Fomento y Ordenación del Territorio se enmarcaban en criterios enfrentados sobre cuál debía ser el trazado. Mientras que Álvarez sostenía que debía discurrir al norte de la autopista, Gutiérrez propugnaba que fuera pegado al litoral, es decir, pasando por los núcleos más poblados de la Costa del Sol. La exministra aseguró que ofreció que el proyecto se hiciera con cargo al Ministerio de Fomento, pero la discrepancia con la Junta de Andalucía acerca de por dónde debía trazarse la línea férrea frustró esa posibilidad.

De hecho, ambas administraciones, las dos con gobiernos socialistas, impulsaron sus respectivos proyectos. Eran épocas de alegrías presupuestarias en las que la crisis económica no aparecía en el horizonte. La Consejería de Obras Públicas legó a convocar en diciembre de 2006 un concurso internacional para el diseño de las estaciones y a licitar, en marzo de 2009, un tramo entre las Lagunas y la Cala de Mijas con un presupuesto de ejecución de 163 millones de euros. Sin embargo, ya para esa época había estallado la crisis y las alegrías se habían empezado a convertir en un grato recuerdo. El proyecto se frustró y la pregunta, más de una década después, es si un acuerdo entre ambas políticas hubiese permitido no sólo a Marbella, sino también a Estepona, y a Nerja en el extremo oriental de la provincia, acceder a la ansiada conexión ferroviaria.

Las diferencias sobre por dónde deben ir las vías que acaben con el aislamiento ferroviario de Marbella ni es nuevo ni se reduce al ámbito político. Los expertos señalan que un trazado por el litoral tendría más viajeros, ya que pasaría por los núcleos más densamente poblados, aunque su presupuesto de ejecución, al tener que discurrir bajo tierra, se dispararía. La opción que entonces defendía Álvarez, y que ahora se conoce que estaba dispuesta a sufragar con fondos estatales, es más asumible desde el punto de vista presupuestario pero tiene menor potencial de usuarios, ya que no prestaría servicio a las poblaciones situadas entre Málaga y Marbella. Se trata de la misma disyuntiva que ahora deberá resolver el Ministerio de Fomento, con unas diferencias de coste que no son menores: 2.370 millones entre Fuengirola y Estepona el del trazado norte frente a 3.850 millones el del trazado sur. En la época en la que se produjeron las diferencias entre ambas políticas socialistas los costes que se barajaban eran sensiblemente superiores.

Sin embargo, las discrepancias no se produjeron solamente por cuestiones técnicas. Concepción Gutiérrez, a quien SUR intentó ayer, sin éxito, localizar, es recordada por sus propios compañeros de partido como una persona de convicciones rígidas. Sus discrepancias con Magdalena Álvarez fueron un auténtico choque de trenes. «Se encontraron dos mujeres de una fuerte personalidad», reconoció ayer a este periódico un destacado dirigente socialista.

Sin embargo, lo que muchos consideran tozudez de Gutiérrez no se circunscribía al ámbito de la obra pública; tuvo su mayor expresión en el terreno del urbanismo. La entonces consejera lidió en una época en la que los abusos en ese campo, especialmente pero no solamente en Marbella, estaban a la orden del día. Lo hizo con una firmeza que causó no pocos problemas a su propio partido. En Marbella aún se recuerda cuando en pleno fragor preelectoral abogó porque actuara la piqueta en aquellos casos en los que no se había respetado la ley, que en la ciudad antes gobernada por el GIL se contaban por decenas de miles. Aquello causó un profundo disgusto al entonces candidato del PSOE a la Alcaldía, Paulino Plata, quien se vio venir su fracaso electoral. «Hay que ser justo, no justiciero», le reprochó. Hay quien en el PSOE también atribuye a la política urbanística impulsada por la Junta en sus años de consejera (2000-2008), que los socialistas perdieran respaldo electoral en la Costa del Sol, donde sus posturas, plasmadas en diferentes normas como la LOUA (2002) o el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol (2006), redactados en una época en la que se consideraba necesario poner coto a los abusos, fueron recibidos con disgusto en los municipios del litoral.