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La irrupción de Uber y Cabify ha revolucionado el mercado del transporte de viajeros como alternativa al taxi, pero el 'boom' de coches de ... alquiler con conductor (VTC) ligado al empuje de estas plataformas digitales ha traído consigo un negocio paralelo que está reportando suculentos beneficios a grandes inversores que acaparan buena parte de las autorizaciones vigentes. Las cuentas son claras: la tasa administrativa por una licencia de VTC es de 26,38 euros, pero su revalorización una vez que en 2015 las administraciones cortaron el grifo a nuevas autorizaciones (siguen llegando vía judicial) es tal que a día de hoy se venden por encima de los 50.000 euros. Un negocio redondo que unos pocos empresarios vislumbraron en 2009 al hilo de la liberalización del sector aprobada por el Gobierno que, en consonancia con la legislación europea, eliminó la limitación de 1 VTC por cada 30 taxis. Ares Capital, Moove Cars, Auro o Vector Ronda (ésta última acaba de ser adquirida por Cabify) son las principales sociedades que, según fuentes del sector, se reparten buena parte de las 14.000 autorizaciones registradas en España al cierre del pasado abril. Y Málaga, epicentro del 'boom' de los VTC junto a Madrid y Barcelona, no es una excepción, ya que más de la mitad de las 1.418 licencias vigentes están en manos de inversores, aunque repartidos entre numerosas sociedades.
Como muestra, un botón: Ares Capital posee 395, pero además comparte domicilio fiscal en Madrid con decenas de compañías con la denominación común de VTC PI Andalucía, aunque diferenciadas por un número (hasta el 99, aunque no todas siguen vigentes) que también gestionan autorizaciones en la provincia.
26,38 euros es el importe de la tasa administrativa que se paga en Andalucía por una licencia de VTC, aunque en el mercado se están vendiendo por unos 50.000 euros, incluido el vehículo. En el sector del taxi, la tasa que hay que abonar en Málaga capital es de 2.806,63 euros.
Una alta concentración de licencias en pocas manos que también se ha visto favorecida por el requisito que, hasta que el año pasado fue anulado por el Tribunal Supremo, obligaba a las empresas a disponer de una flota mínima de siete vehículos, cerrando la puerta a autónomos. Al levantarse esta restricción ha aumentado el reparto, pero no demasiado. En la provincia hay un 145 titulares de licencias de VTC, pero la cifra es algo engañosa, puesto que dos de cada tres están en manos de grandes propietarios. A la cabeza se encuentra la citada Ares Capital, una sociedad de inversión que ostenta 395 vehículos, la mayoría de los cuales prestan servicio a través de Uber.
Pero no todos estos coches operativos en Málaga trabajan para estas multinacionales que prestan servicios urbanos como el taxi. En la Costa también hay negocios tradicionales que se dedican exclusivamente a trasladar turistas entre los hoteles y el aeropuerto, con Autosol como principal referente tras cinco décadas de actividad. Esta compañía con sede en Torremolinos posee 116 licencias sin entrar en conflicto con el taxi. De hecho, en el gremio la ponen continuamente de ejemplo de cómo deben operar, a su juicio, los VTC en lo referente a la precontratación. En los últimos tiempos también ha cobrado protagonismo en este negocio J. del Paso, dedicada desde hace casi 30 años a la venta de coches de ocasión pero que ha ido ampliando su actividad como 'rent a car' y, más recientemente, también en el arrendamiento de coches con conductor con un centenar de licencias.
Concentración en cuanto a propietarios, pero también geográfica, ya que aunque estos vehículos tienen libertad plena para moverse por cualquier rincón de la comunidad autónoma en la que tienen la autorización, resulta sintomático que la práctica totalidad estén radicadas en municipios costeros o del área metropolitana y que un millar de esas 1.418 (dos de cada tres) estén domiciliadas en la capital. A modo de referencia, en la ciudad de Málaga hay 1.432 taxis, de ahí que sea uno de los principales focos del conflicto entre ambos sectores. Una realidad que también queda plasmada en el borrador de medidas elaborado por la Junta de Andalucía para tratar de equilibrar ambos sectores, en donde se hace un diagnóstico de la oferta en Málaga y se define como «la zona más conflictiva» de Andalucía.
La provincia de Málaga sigue acentuando su condición de zona del país con mayor competencia directa entre taxis y los vehículos de turismo con conductor (VTC). Las 1.418 licencias vigentes que figuran en el registro del Ministerio de Fomento equivalen a una por cada 1,9 de taxi, muy lejos del 1/30 que marca como tope la legislación estatal a la hora de conceder nuevos permisos. Pero siguen otorgándose vía tribunales, ya que se trata de licencias que fueron solicitadas al amparo de la liberalización del sector que estuvo vigente entre 2009 y 2015, pero que fueron rechazadas por las administraciones autonómicas en un intento de controlar su expansión. Un goteo continuo que no cesa en el caso de la provincia de Málaga, donde se estima que pueden llegar a alcanzar las dos mil.
De momento, la tendencia apunta en esa dirección. Si echando la vista atrás un año eran menos de la mitad de licencias (612), en lo que va de 2019 Málaga registra el mayor incremento del país con una subida del 19,7% (1.418 frente a las 1.184 de comienzos de enero), seguida del 12,4% de Madrid (7.375). En el resto, el escenario es de estabilización e incluso de reducción, como viene ocurriendo en Barcelona (-15%) a raíz de las limitaciones impuestas por el Gobierno catalán.
No en vano, la segunda provincia en número de licencias es Sevilla con apenas 213. Una diferencia que, lejos de reducirse, se va acentuando mes tras mes. Sólo en lo que va de año, Málaga ha sumado 234 nuevas autorizaciones.
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