Comisiones exige a la Junta que respete las zonas educativas en el nuevo decreto de escolarización

El proyecto de Decreto de escolarización se encuentra en trámite de audiencia pública. Tiene como objetivo determinar la admisión de alumnado en los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos para el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Andalucía, Diego Molina, «el nuevo Decreto debe contar con una nueva normativa que apueste por la educación pública, pues es esta la que ofrece igualdad de oportunidades a toda la población».

Una de las cuestiones más polémicas del nuevo decreto se refiere a las zonas de escolarización, que son las que ahora mismo determinan el colegio al que debe ir un alumno, en función de la cercanía al domicilio familiar. La propuesta de los responsables de Educación y Deporte es eliminar las zonas de escolarización y establecer en cambio unos 'anillos de influencia', con una puntuación variable en función de la cercanía. Esto abre la posibilidad de elegir otros muchos colegios y no solo el más cercano.

En opinión de Comisiones Obreras, es «esencial» respetar las zonas educativas. Por ello, Molina incide en la «total oposición» del sindicato a cualquier intento de suprimir estas, ya sea total o parcialmente, «incluyendo centros de entidad no pública en una zona educativa que no sea la suya, un hecho que denotaría la falta de apuesta por la educación pública por parte de la Junta de Andalucía».

Por otra parte, CC OO considera fundamental que el nuevo decreto determine la ratio máxima de alumnado por aula, impidiendo la sobre matriculación en los periodos ordinarios de escolarización. «La bajada de la natalidad debe ser utilizada para reducir la ratio y mejorar el éxito escolar del alumnado andaluz», indica Diego Molina, quien considera imprescindible que este decreto determine el número máximo de escolares con necesidades específicas de apoyo educativo por aula y la reducción de ratio que debe conllevar la matriculación de estos escolares en un aula ordinaria. Así, «la igualdad de oportunidades debe ser el principio que sustente este decreto, debiendo conllevar que ningún nivel educativo no obligatorio, y por tanto no gratuito, determine la escolarización futura del alumnado porque sería segregador para el alumnado con menos recursos económicos», apunta el responsable sindical. Igualmente, para el sindicato resulta fundamental que la renta per cápita sea un criterio compensador que permita una distribución equilibrada del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, evitándose centros con perfiles determinados de alumnado.

Comisiones Obreras manifiesta su disposición a negociar, «siempre que los principios básicos que sustenten el decreto de escolarización sean su apuesta por la educación pública y por la igualdad de oportunidades para toda la población en edad escolar», señala Diego Molina.