28.000 comunidades de Málaga deben adaptar sus puertas de garaje a la nueva normativa de seguridad

Según los datos que maneja el sector, unas 28.000 no reúnen las condiciones de seguridad que exige la actual normativa europea. No es un dato irrelevante, ya que se trata de una anomalía que se repite en la mitad de las comunidades de propietarios y viviendas particulares que disponen de garaje privado en la provincia.

La normativa de seguridad vigente para las puertas motorizadas exige la instalación de gomas activas anticolisión, una luz naranja de preaviso y un sistema de detección y frenado en caso de colisión, entre otros elementos de protección añadida. Y aunque todas las que se instalan en la actualidad ya están obligadas a incluirlas para obtener el permiso de primera ocupación, no ocurre lo mismo con las más antiguas, que gozan de una moratoria que no convence a todas las partes.

La empresa Servihogar Málaga es quien realiza la estimación anterior. Calcula que en Málaga hay unas 70.000 comunidades de propietarios, de las que el 80 por ciento tienen acceso a garaje. De todas ellas, dicen que el 50 por ciento «no tienen adaptadas sus puertas a la normativa CE de seguridad». Lo peor de todo -añaden- es que sólo durante el último año se han producido 50 accidentes por culpa de estas instalaciones en la provincia. Al menos ninguno de ellos ha sido de gravedad.

Por ello, la adaptación de las puertas de garaje a la normativa europea es uno de los aspectos que mayor debate crea en las comunidades, y que los administradores instan a revisar y cambiar para evitar incidencias. «Es un tema que ya es conocido, pero siempre hay alguno que se hace el loco», reconocen.

Respecto a la importancia de esta adaptación habla el técnico de Servihogar Málaga, Alex O'Ghalla. «Estos sistemas están pensados para la seguridad de las personas, y aunque los incidentes sean pocos, no debemos bajar la guardia para evitar desgracias», apunta.

Esta normativa de sello de calidad está vigente desde el año 2017, aunque de momento no existe un plazo transitorio ni definitivo para la adaptación de todas las comunidades. Pese a ello, los expertos alertan de que toda la responsabilidad civil y penal recaerá sobre la comunidad que no haya adaptado sus instalaciones en caso de ocurrir cualquier accidente. Dicha obligación está recogida en la Inspección Técnica de Edificios, por lo que su inspección depende de los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos.

Las empresas encargadas de su instalación justifican la importancia de su uso en la seguridad de los peatones. No se trata –explican– de evitar daños en los vehículos (que también), sino de proteger a los ciudadanos que deben pasar por delante de estas puertas. Entienden que la utilización de estas puertas conlleva cierto riesgo y por eso reclaman más inspecciones. «Por delante de ellas pasan muchas personas y la mayoría de los accidentes que ocurren suelen ser graves e incluso mortales», advierten.

La utilización de sistemas añadidos de seguridad es obligatorio para las nuevas comunidades construidas desde el año 2017, aunque tampoco es algo que se cumpla al 100 por 100. Al menos así lo denuncian los técnicos de Servihogar. «Los profesionales seguimos comprobando día a día que algunas nuevas comunidades no cumplen con esta normativa CE, por lo que será mucho más complejo que lo hagan las antiguas», resumen.

Entre otras deficiencias, aseguran haber detectado gomas pasivas que no detienen la maniobra de la puerta en caso de colisión, y motores hidráulicos que no frenan a la hora de chocar contra un obstáculo. «Además, suelen ser puertas batientes de dos hojas donde, en su zona de barrido, las células fotoeléctricas no detectan un posible movimiento de persona», alertan.

Estos profesionales creen que las autoridades competentes deberían intensificar la vigilancia como ya ocurrió en su día con los ascensores, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un elemento esencial en el mantenimiento de los recintos y dependencias comunes de los vecinos. «Todos estos puntos deberían estar estrictamente revisados para otorgar las cédulas de habitabilidad», insisten. Y es que todo es poco para garantizar la seguridad de los ciudadanos.