«El sacrificio de animales está regulado claramente en la Ley y no hacerlo así es delito»

Es un pionero en el estudio del derecho de los animales en España, una materia en la que ha hecho importantes aportaciones a las leyes actuales y que investiga desde hace casi veinte años. José María Pérez Monguió, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz y director de su Cátedra de Bienestar Animal, pasó días atrás por Málaga para hablar sobre los perros potencialmente peligrosos.

¿En qué punto está la protección del derecho de los animales?

En los últimos 20 años se ha producido un avance muy significativo en el estatuto jurídico de los animales, hacia un mayor respeto y consideración, inspirado en la UE, con la modificación de normativas importantes, directivas y reglamentos comunitarios, e impulsado por cuestiones culturales y científicas. Todo eso, unido a una nueva conciencia del medio ambiente, de la necesidad de un respeto a los seres sintientes y al resto de la vida, ha llevado al replanteamiento de cómo debe cuajarse ese marco de la relación de los hombres con el resto de la vida del Planeta.

¿Cuál es la situación en Málaga?

Málaga suena mucho por su Colegio de Abogados, donde está funcionando muy bien la comisión de protección y estudio jurídico de los animales. De la mano de este Colegio, en el último Congreso de la Abogacía hubo por primera vez a nivel nacional una sección específica en materia de bienestar animal, lo que supone un avance muy significativo. Málaga se está convirtiendo en una ciudad pionera en la protección de los animales gracias a su Colegio de Abogados.

¿Qué le parece el caso de Parque animal de Torremolinos?

Si se consigue probar es un caso lamentable. El sacrificio es obligado por la Ley que se haga en dos fases, primero la anestesia y luego la eutanasia, y siempre por un veterinario responsable. Si se llega a demostrar es muy grave y una actividad delictiva. No es sólo el escándalo social sino el sufrimiento injustificado a los animales. En la normativa administrativa, la Junta ha hecho mucho por las garantías del sacrificio, pero además el delito está tipificado claramente, porque si no se sacrifica de esta manera el animal tiene un sufrimiento físico y psicológico, es plenamente consciente de su muerte, y es una infracción evidente. En el caso de que se haya producido, es lamentable que personas se beneficien de este tipo de solidaridad. Estamos apostando por el sacrificio cero porque la sociedad así lo reclama.

¿Qué ocurre con los perros potencialmente peligrosos?

La legislación viene de finales de los años 90, cuando se producen una serie de agresiones, fundamentalmente a niños y a ancianos. Se arma un revuelo importante y hay una respuesta normativa.

¿Y cuál ha sido su eficacia real?

Se han conseguido algunas cosas, pero no todo lo que se perseguía, porque realmente estaba mal configurada en algunos aspectos, como el de la delimitación de animal potencialmente peligroso. Cualquier perro puede ser potencialmente peligroso y de hecho las agresiones a personas no se han producido mayoritariamente por perros con esta consideración, sino de otra serie de razas, por una cuestión estadística. Eso no quiere decir que sean malos, sino que hay que establecer una serie de medidas cautelares.

¿Cree que el catálogo de razas está bien establecido?

Los perros que están en la lista de las comunidades autónomas y del Estado, salvo dos, son todos de presa, que han sido seleccionados para una función muy concreta. Tienen un instituto muy fuerte de depredación, con unas mandíbulas muy desarrolladas, con lo cuál potencialmente son más peligrosos que otros animales en el caso de que se produzca una acometida. Esa es la realidad.

A su juicio, ¿cuál sería la fórmula correcta frente al problema?

La respuesta es compleja porque no podemos evitar que todos los perros muerdan, es como decir que los niños no rompan cristales. Puede morder porque es su respuesta natural a una agresión, y efectivamente hay perros que son potencialmente más peligrosos que otros. La licencia es un avance significativo, pero tiene que instrumentalizarse de forma adecuada. Hay algunos municipios que todavía no lo exigen o no hacen los suficientes controles. El tema del bozal y del seguro no se está siguiendo en todos los municipios, y los registros no están funcionando, a pesar de que el Real Decreto es de 2002. Hace falta más concienciación, que la Junta avance en su propio decreto, de 2008, que establecía que era obligatorio hacer unos cursos para tenerlos antes de obtener la licencia. Este tipo de animales sí pueden ser potencialmente más peligrosos que otros. No es lo mismo que te muerda un caniche que un perro de presa.

• Temas
• Torremolinos