La Fiscalía tendrá solo tres refuerzos para revisar 37.000 asuntos pendientes hasta junio

En la Fiscalía de Málaga se tientan las ropas por la que se le viene encima con la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que fija un plazo máximo de seis meses para la investigación de las causas penales ordinarias. La nueva norma procesal obliga a revisar todos los procesos que están abiertos en los juzgados y fija para ello como fecha tope el 7 de junio. Si en ese plazo no se han obtenido pruebas suficientes para enjuiciarlos, tendrán que ser archivados. Nada menos que 36.651 procedimientos penales deberán ser objeto de estudio por parte de los 83 fiscales que forman parte de la plantilla del Ministerio Público en la provincia, es decir, como media cada uno deberá comprobar 445 asuntos. Para este «ímprobo» trabajo, como lo califica el fiscal jefe Juan Carlos López Caballero, el Ministerio de Justicia ha destinado a Málaga tan solo tres fiscales sustitutos y un funcionario de refuerzo.

Se trata de una carrera contra reloj, en la que no preocupa tanto el volumen de causas pendientes, sino «el poco tiempo que se nos da de plazo para hacerlo. Además, los tres fiscales sustitutos y el funcionarios de refuerzo estarán solo tres meses, prorrogables a cinco, lo que es claramente insuficiente», se lamenta López Caballero. Por si fuera poco, la Fiscalía de área de Marbella, con un importante número de casos penales pendientes, y muchos particularmente complejos, se ha quedado fuera de ese refuerzo extraordinario que ha aprobado el Ministerio de Justicia para abordar las revisiones y que fue solicitado por la Fiscalía General del Estado.

Este trabajo suplementario que recae ahora en los fiscales, y que se suma a la labor diaria de asistencia a juicios, interrogatorios, guardias y estudio de nuevos asuntos, implica también a los juzgados. «Tenemos que solicitarles que nos faciliten todos los expedientes, lo que también influirá en el ritmo de trabajo de estas oficinas judiciales», añade López Caballero.

Y es que juzgados y Fiscalía no están interconectados. Cada uno tiene un sistema informático distinto, por lo que no es posible el intercambio de datos entre ambos. Es decir, las causas penales que serán objeto de revisión tendrán que ser trasladadas físicamente en papel, en su correspondiente carpeta de toda la vida, del juzgado a la Fiscalía y viceversa. Una tarea que añade laboriosidad y sobre todo lentitud a todo este obligatorio proceso de revisión.

«Va a resultar imposible. Para revisar una causa hay que pedirla y que te la entreguen. Luego hay que leer como mínimo cien folios. Además, durante las mañanas, con la asistencia a juicios e interrogatorios, no tenemos tiempo para hacerlo», opina un fiscal que prefiere no ser citado. Así las cosas, ayer se celebró una junta de fiscales para fijar un protocolo de funcionamiento para organizar todo este trabajo extra que debe ser liquidado antes del 7 de junio, y que ha provocado un gran malestar entre los fiscales de todo el país por la enorme responsabilidad que ha recaído sobre el Ministerio Público, sin dotarle de los medios suficientes.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde 7 de diciembre del año pasado, fija un plazo máximo de seis meses para la investigación judicial de los casos penales ordinarios, por lo que todas las causas acumuladas en los juzgados deberán resolverse también en ese tiempo, es decir, antes del 7 de junio. La ley prevé prórrogas, pero siempre que los fiscales revisen la causa, agoten las posibilidades de investigación en el tiempo fijado y motiven una solicitud de ampliación de plazo.

Esta reforma procesal realizada a última hora por el Gobierno del PP y que fue presentada como una medida sin dotación económica para que las causas penales no se eternicen en los juzgados y para agilizar y desatascar las oficinas judiciales del país, cosechó el año pasado la crítica unánime de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales que estimaron que limitar la instrucción judicial abre la puerta a la «impunidad». El Consejo de Estado también alertó, en su dictamen previo a la reforma procesal, de un posible colapso de la Justicia.