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Ahora que el problema de la vivienda se ha convertido en algo asfixiante para el desarrollo de Málaga, los responsables políticos se echan unos a ... otros la culpa de una situación en la que influyen varios factores pero que ha derivado en un panorama social de impotencia, que el pasado sábado llevó a la calle a más de 15.000 personas para entonar el 'basta ya'. Buena parte de la coyuntura actual deriva de una tenue gestión en lo relativo a la promoción de vivienda protegida por parte de las administraciones públicas, que llevan años con suelos reservados para este fin sin que hayan impulsado de manera decisiva su uso hasta ahora, cuando la necesidad de pisos a precios asequibles ha pasado a ser una urgencia de primer orden.
En ese sentido, llama la atención el hecho de que la Junta de Andalucía, que es la administración con competencias en materia de vivienda, lleve una década sin poner un solo ladrillo para la construcción de VPO en Málaga. Las últimas promociones de viviendas públicas propias de la Junta que se recuerdan en Málaga son las 36 que entregó en 2008 en la calle Cerrojo y un proyecto de 14 realizado en el número 98 de la calle Trinidad en 2013.
Desde entonces, la Junta ha canalizado millones de euros de fondos europeos para las 476 VPO que el Ayuntamiento construye en unos suelos situados al oeste del campus de Teatinos, en los que la promotora Lagoom Living también va a iniciar las obras de otras 530 viviendas de alquiler reducido en parcelas cedidas por el Consistorio. Sin embargo, más allá de ejercer como vehículo de subvenciones para proyectos de VPO de otros, la labor de la Consejería de Fomento no ha pasado todavía de los anuncios a la materialización efectiva de los proyectos. Y esto a pesar de que posee suelos para dar cabida a más de 300 viviendas protegidas en el entorno del Centro de la capital.
No obstante, la política en materia de vivienda de la Junta pasa desde hace ya varios años por eludir la promoción propia y dejar la ejecución de los proyectos en manos de empresas privadas, una tendencia que choca con el escaso interés que despierta el modelo de las VPO en las promotoras, por el estrecho margen de beneficio que les supone y los condicionantes que tienen que salvar para ejecutarlas.
De ahí que los concursos convocados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para desprenderse de parcelas del fallido plan de las 'tecnocasas' hayan recabados muy pocas ofertas. En la práctica podría decirse que solo una: la de la promotora Lagoom Living, tras la que se encuentra un grupo de inversores suecos dispuestos a realizar sendos proyectos de 84 y 57 viviendas protegidas de alquiler en las calles Lagunillas y Gigantes, respectivamente.
La adjudicación de estos suelos por subasta se produjo en 2022 y 2023, pero las obras de las VPO no han comenzado todavía ni se espera que lo hagan a corto plazo. En el caso del proyecto de Lagunillas, están pendientes de nuevos sondeos arqueológicos por zonas, en las que se irán demoliendo algunos de los edificios en ruinas que todavía pueblan ese enclave. Y quedan años para que puedan realizarse las 57 viviendas de alquiler que Lagoom hará en el solar de la calle Gigantes, a espaldas de Carretería. En este caso, es necesaria la tramitación previa de un expediente urbanístico para ordenar la actuación.
Por otro lado, en las últimas semanas, desde la AVRA han anunciado la intención de sacar a concurso en los próximos meses más suelos para la construcción de VPO que podrían dar cabida a unas 160 viviendas en zonas de la Trinidad y el Centro. En concreto, se trata de promociones previstas desde hace años y ubicadas en la calle Cerrojo (50 pisos), Parras (28), Cobertizo del Conde (40) y plaza de San Pablo (dos suelos para 17 y 25 pisos, respectivamente). En todos estos casos, la intención del Gobierno andaluz es dejar la construcción de los proyectos en manos de privados mediante una fórmula de permuta por la que las empresas inmobiliarias obtienen las parcelas a cambio de ceder luego a la Junta una parte de las viviendas protegidas que se construyan en ellas.
En cualquier caso, todavía queda un largo camino burocrático para que vean la luz todos estos proyectos de viviendas protegidas y otros que la Junta también acumula como asignaturas pendientes. Es el caso de la rehabilitación del denominado Corralón de las Dos Puertas, entre las calles Curadero y Rosal Blanco, en la zona de El Molinillo, también para habilitar viviendas protegidas. Más de una década ha pasado ya desde que este edificio de 1900, que cuenta con protección arquitectónica de grado 1, fuera desalojado y tapiado, sin que el Gobierno andaluz haya movido ficha para su puesta en valor.
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