El pleno de las basuras: Málaga le pide al Gobierno medidas para rebajar la nueva tasa

Vox, por su parte, se bajaba de la opción de la revisión de la ley y de las medidas porque no cree en la Agenda medioambiental 2030, y lo que pedían, a través de enmiendas que no aceptaron ni el PP ni Con Málaga, es que se derogase la citada ley. En el debate, el concejal de Economía, Carlos Conde, dijo que el equipo de gobierno del PP estaba tardando tanto en poner en marcha la tasa porque, primero, querían estudiar cómo la aplicaban otros municipios y hacerlo de la forma más justa posible, y que no haberla puesto en marcha desde el año 2023 había supuesto «que se queden 120 millones en los bolsillos de los malagueños» y defendía que en el actual anteproyecto se bonifica la tasa al 50% a las familias numerosas y a las vulnerables.

Pero la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, no estuvo nada de acuerdo con estas bonificaciones, ya que a su juicio, «el basurazo» es tremendamente injusto al tiempo que le pedía al PP que pusiese en marcha un sistema más justo y una progresividad fiscal y dejar exentas del pago a las familias en exclusión social y aquellas que viven en barrios calificados con necesidades de transformación social como la Palma Palmilla, La Corta o García Grana, a lo que Conde le contestaba que esta carga económica era «cosecha suya y del PSOE», haciendo alusión al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, que era el único europeo que había repercutido en los ciudadanos el coste total del tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Otra de las quejas de la oposición era que no se hubiese aplicado la tasa de basura antes a las empresas o industrias en Málaga, como indicó Morillas, ya que en el segundo semestre de 2026 sólo se aplicaría a las familias, y Conde contestó que en la actualidad hay una tasa de basura industrial en vigor en Málaga, «que va a seguir vigente el 1 de enero de 2026 hasta que se decida cuándo se incorpora de verdad la nueva tasa de basuras», pero que por la forma de decirlo del concejal popular, dubitativo, no parece que todavía esté muy claro este horizonte. También respondió Conde que la reducción del IBI, que incorporaba la tasa de basuras desde 2001, la iban a revisar, pero que cuando se incluyó en esa fecha el tipo impositivo era del 0,51 y ahora es del 0,45, «aún así se puede pagar un poco menos, y lo haremos cuando tengamos seguridad de lo que va a ocurrir».

La socialista Begoña Medina acusó a los populares de "partidismo" y que no hacían su trabajo y exigió sistemas de reciclaje modernos en Málaga para que en 2035, el 65% de los residuos se reciclasen tal y como pide la Unión Europea. Por su parte, la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, habló de que la tasa de basuras, de 250 euros al año, era un «ataque a los trabajadores y a las familias» y criticó a los populares «por tener la cara de cemento armado, votar en Bruselas que sí a la tasa» y abstenerse en el Congreso de los Diputados.

Por último, el PP y Vox votaban en contra de la moción conjunta del PSOE y Con Málaga para exigir la destitución o la dimisión del gerente de Limasam, Raúl García Paine, «por promover un clima conflictivo en la relación con la plantilla y sus representantes que afecta al normal funcionamiento de la empresa». No tenían entre sus planteamientos, el PSOE y Con Málaga el hecho de que al turno de intervenciones no sólo iba a asistir el presidente del comité de empresa de Limasam, Manuel Belmonte, criticando con dureza la gestión de Raúl García, sino que también se habían acreditado esta mismo jueves, como así dejó claro la Secretaría General, para apoyar el trabajo de la gerencia empleados como Andrés Serrano, Francisco Linares, Cristóbal Cano, Villar Rodríguez y José Joaquín Miñarro, que dieron una visión diferente del trabajo del directivo, algunos como Cano incluso diciendo que contratarle fue «un gran acierto».

El presidente del comité de empresa de Limasam, Manuel Belmonte, apoyado por la concejala socialista Begoña Medina y el viceportavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, expuso que una evaluación de riesgo psicosocial de Quirón Salud expuso que había acoso laboral y sexual en la empresa, y que esto no se solucionaba con un cartel en el portal del empleado diciendo que no había que acosar, indicando que había una demanda de tres trabajadores por acoso laboral en los juzgados y pedía abrir una investigación clara y transparente.

La concejala de Limasam, Teresa Porras, explicó los distintos casos por acoso moral, mobbing y acoso laboral del 4 de febrero, 10 de septiembre, 5 de agosto y 22 de agosto de este año, de los que dijo que una vez analizados por la comisión encargada de Limasam habían concluido que no se ajustaba al protocolo de la empresa, y que no procedía la apertura de procedimientos para abordarlos.

En cuanto al acoso sexual, Porras afirmó que no hay ningún expediente, ya que para que lo hubiera se necesitaría solicitud de la persona afectada o compañeros que hayan visto los hechos, «siempre que tengan autorización de la persona afectada» y añadió: «No sé si esta señora sabe que se está hablando de ella». Finalmente, el PP y Vox sumaban sus votos, 19 en contra (12 a favor del PSOE y Con Málaga), y por tanto no salía adelante el cese del gerente Raúl García ni apartar a Teresa Porras como responsable del servicio de limpieza, ni tampoco abrir una comisión de investigación para atender los casos de acoso laboral y sexual en el seno de la empresa.