El Gobierno muestra sus cartas sobre la torre del Puerto: no ve motivos para tumbarla

«La tramitación seguida por el expediente modificación puntual de elementos en la plataforma del morro e incremento de edificabilidad máxima de la zona [...] es conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) y demás legislación aplicable. Su tramitación y aprobación se ha realizado por la Administración competente en materia de urbanismo, en este caso, el Ayuntamiento de Málaga», indica la respuesta parlamentaria, datada el 9 de enero de este mismo año. Primer respaldo.

El siguiente apoyo atañe a la afección a dominio público portuario de la construcción del hotel previsto. En este punto, se limita a argumentar el Gobierno que seguirá la tramitación administrativa pertinente y conforme a la citada Ley de Puertos.

El tercer punto sobre el que se pronuncia el Gobierno tiene relación con el patrimonio histórico portuario. En este ámbito, siempre según la respuesta, el único edificio que pudiera verse afectado es La Farola. «En este sentido, en su escrito de 7 de julio de 2023, el Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte concluía que: la declaración de Bien de Interés Cultural de la Farola no supondría un menoscabo ni para la prestación de señalización marítima, ni para la explotación [...] Así, el Real Decreto 720/2023, de 25 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el faro marítimo del puerto de la ciudad de Málaga, conocido como «La Farola» [...] recoge las medidas de protección que la categoría de BIC otorga al faro del Puerto de Málaga y queda determinado el entorno protegido mediante una serie de coordenadas que, en este caso, coinciden con la parcela catastral del inmueble», incide el texto oficial, que recuerda que para la realización del expediente de declaración de La Farola como Bien de Interés Cultural se tuvieron en cuenta los informes emitidos por una larga lista de instituciones.

«Desde la oficina parlamentaria estamos trabajando para evitar el atentado paisajístico que el ayuntamiento quiere hacer con la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga», ha aseverado el líder andaluz de IU, Toni Valero, que ha agregado que la coalición está manteniendo reuniones con expertos y colectivos sociales que certifican, a su entender, la irreversible afectación a la farola, catalogada como Bien de Interés cultural, así como al patrimonio paisajístico de la ciudad.

«A todas luces la construcción del rascacielos solo responde a los intereses especulativos del fondo de inversión catarí que está detrás de esta operación y que patrocina el Partido Popular. En absoluto ese rascacielos respondería al interés general por lo que el cambio en el uso del suelo portuario para esa operación especulativa no debería ser aprobado por el Gobierno», ha apostillado.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU y portavoz en el Ayuntamiento de Con Málaga, Toni Morillas, ha aseverado: «El rascacielos delante de La Farola sólo responde a intereses especulativos. Nada justificaría la autorización de un cambio de uso en el suelo porque de ningún modo responde al interés general de la ciudad. La Farola se defiende y se protege».

Sumar, que forma parte del Ejecutivo junto al PSOE, planteó este otoño una batería de preguntas en el Congreso, en las que piden al Gobierno que fijara su posición, conocida este mismo lunes.

El texto de las preguntas incidía sobre los argumentos legales que defienden IU y Podemos en el Consistorio malagueño: que su construcción afectaría a bienes protegidos y al patrimonio histórico de Málaga, en particular a La Farola, recientemente declarado Bien de Interés Cultural; mientras que las «razones de interés general» que exige la Ley de Puertos para permitir el uso hotelero de los muelles «no se motivan de forma suficiente».

El Ayuntamiento aprobó en noviembre definitivamente este expediente con los votos en solitario del PP. Los populares retaron a la oposición a frenar el proyecto en los trámites del Gobierno central.

Se ponía fin así a un trámite urbanístico a cargo de la Gerencia que se ha prolongado durante cinco años en la fase municipal (desde junio de 2018) y durante siete desde que se presentó y arrancaron las gestiones por parte de la Autoridad Portuaria de la capital, que es el promotor de este cambio, a instancias del fondo de inversión catarí Al Alfia y de la cadena hotelera Hesperia, que serán los responsables del hotel de lujo y el centro de convenciones previstos, si estos salen finalmente adelante.

Lo que hay finalizado es la fase de tramitación municipal, que realmente significa que en la explanada del dique de Levante se podrá levantar un edificio de las características del previsto (con una altura de hasta 150 metros, aunque la propuesta catarí alcanza los 116), u otra iniciativa, y para ello se ha cambiado el Plan Especial, que hasta ahora no permitía tal nivel de construcción.

Ahora, este expediente administrativo volverá a la Autoridad Portuaria de Málaga, que lo tendrá que tramitar ante Puertos del Estado, y este, a su vez, lo elevará al Ministerio de Transportes. Llegado el caso, este será el que lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.