Así trabajan las empresas de 'desokupación' en Málaga

La demanda se ha duplicado, especialmente en los meses posteriores al confinamiento, según los datos aportados por el sector, y ya superan el medio centenar de encargos cada mes, con un coste medio de entre 2.000 y 3.000 euros. En su cartera se mezclan los okupas de la patada en la puerta, que han ido en aumento, con los impagos de alquileres de larga duración y con un fenómeno creciente y complejo, como es el del alquiler subarrendado ilegalmente a un tercero que no paga.

Los operativos de 'desokupación' deben estar respaldados por un despacho de abogados, que asesora sobre si legalmente son factibles o no. También es obligatorio el visto bueno de la comunidad, que les autoriza para poner un control de acceso en la puerta del bloque –siempre al frente un vigilante jurado con placa– de manera que sólo puedan entrar y salir los que estén incluidos en la lista de vecinos 'legales'. De manera que, si salen, ya no se les permite volver a pasar.

En paralelo, el líder del equipo de 'desokupación' establece una negociación con los moradores, para concretar un desalojo rápido y pacífico. Finalmente, se cambia la cerradura y en muchos casos se instala una alarma. La tasa de éxito, según el sector, es muy alta, aunque los casos se estudian previamente y se seleccionan. Por ejemplo, no se suelen aceptar casos cuando afectan a niños de corta edad. Tampoco son infalibles y al menos en un 10% de las ocasiones no se logra el objetivo.

Todos los empresarios consultados coinciden en valorar su trabajo como una «acción social» que ayuda a familias a recuperar propiedades que, muchas veces, significan los ahorros de toda la vida.

Álex Caro es uno de los cuatro socios de Evictions Staff, una empresa malagueña de reciente creación. «El negocio se ha multiplicado por 50», reconoce, y pone de relieve que su objetivo son los «okupas profesionales», que se ganan la vida cobrando al propietario por irse. «Se ganan con un piso 500 euros, en otro mil, y viven mejor que cualquiera». «Los sacamos y sabemos que al día siguiente estarán en el piso de abajo, ya nos ha pasado». Semanalmente están haciendo una media de cinco desalojos, una veintena al mes y un centenar desde el fin del confinamiento. Su tasa de éxito es del 90%, aseguran. Estudian las situaciones antes de aceptar y nunca intervienen si hay niños pequeños. «Estamos contra los caraduras».

A pesar de llevar poco tiempo en el mercado ya se han expandido a Granada. «Te sientes bien porque ayudas a gente que lo está pasando muy mal, que ha invertido los ahorros de su vida en comprar una casa y se la okupan».

Salvador Palazón es el propietario de Desokupa Exprés, con sede en Murcia y delegación en Málaga. Coincide en que hay «muchísimo trabajo», especialmente en la capital y municipios de la Costa como Marbella, Torremolinos y Benalmádena. La demanda se ha duplicado en los últimos meses: antes del confinamiento eran 12-15 casos al mes, ahora entre 20 y 25. Su equipo lleva a cabo una vigilancia previa para estudiar a qué se enfrentan, luego establece el control de acceso y la negociación. Palazón dice que nunca ofrecen dinero para no fomentar la okupación. La rapidez depende de la situación, pero lo normal es que tarden desde 48-72 horas hasta una semana. En cuanto a sus tarifas, considera que 2.500 a 3.000 euros «no es nada comparado con un procedimiento judicial de 12 a 16 meses». «Vemos auténticos dramas», se lamenta.

Luis Quiñones, abogado penalista y experto en artes marciales, llegó a este mundo por casualidad, tras la petición de un amigo para que le ayudara en un caso, y el boca a boca hizo el resto. Acaba de fundar Recupro y lleva a cabo una media de dos recuperaciones al mes. A su juicio, existen verdaderas inmobiliarias 'underground', clandestinas, que ofrecen pisos llave en mano. Hay ojeadores que localizan las propiedades vacías, okupas, revendedores, electricistas y fontaneros para los enganches, y cerrajeros para las llaves. 

«Cada vez recibo más encargos, desde el final del confinamiento se ha disparado la demanda». En su caso, ser abogado penalista le permite argumentar con los infractores y actuar conforme a la ley en cada caso. «Hago lo mismo que hacen los okupas, ellos me piden que los denuncie, pero entonces es cuando se pueden pegar meses dentro de la casa». Sólo interviene en patadas a la puerta, nunca cuando hay un contrato.

«Lo de España es brutal: en derecho comparado, en Alemania o Italia el ocupante sale detenido», critica. «La ley antes o después cambiará, ya es un clamor popular contra las okupaciones. A mucha gente hay que ayudarla, pero no darle los pisos que son de otros».