La calidad de los edificios y espacios, un elemento clave en el rendimiento escolar

La calidad del espacio en el que se desarrolla una clase es fundamental para un buen rendimiento de los alumnos. Es una de las conclusiones de las intervenciones de expertos en el foro que sobre infraestructuras docentes han organizado SUR y Sando y que contó con la participación de Sonia Gaya, consejera de Educación de la Junta, así como con los rectores de las universidades de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y de Málaga, José Ángel Narváez, además de otros ponentes en representación del Ayuntamiento de la capital, de la Consejería de Educación, de las universidades de Cádiz, Sevilla y Málaga y de Fundación Victoria.

En las dos mesas de debate que se desarrollaron, una centrada en las infraestructuras educativas y la segunda en la gestión de los servicios, quedó de manifiesto que las edificaciones, construcciones y, en general, las infraestructuras tienen un papel esencial en el proceso educativo, hasta el punto de que un buen ambiente y un entorno adecuado pueden determinar o condicionar el resultado académico del alumnado.

La vicerrectora de Smart-Campus de la UMA, Raquel Barco, detalló los planes que tienen para el desarrollo de la ampliación de Teatinos, que tiene que ser un «espacio de excelencia», dijo, confortable e inteligente. Por la Universidad de Sevilla intervino su director general de Infraestructuras, Pedro García Vázquez, quien destacó que, a diferencia de Málaga, en Sevilla no tienen un campus único, sino que sus 56 edificaciones están repartidas por la ciudad, lo que supone un problema pero una circunstancia que, al mismo tiempo, ha tenido una función vertebradora de la ciudad.

El patrono y asesor jurídico de la Fundación Victoria, Francisco José González Díaz, se refirió a los 25 años de la creación de la fundación, sucesora de las antiguas escuelas rurales, de las que llegó a haber 250 en la provincia. Indicó que la mejora constante de las edificaciones es uno de los objetivos prioritarios de la Fundación y afirmó que tener un concierto único con la Junta de Andalucía para todos sus colegios «nos hace optimizar los recursos».

Por su parte, Juan Manuel López Martínez es el director de la Agencia Pública Andaluza de Educación, el organismo de la Consejería encargado de las infraestructuras educativas y que cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros. Aseguró que los edificios «tienen que garantizar la convivencia», pues los alumnos pasan muchas horas en los colegios y que el objetivo ahora es hacerlos edificios conectados al exterior, que permitan la integración de todo el alumnado y eficientes. Esta primera mesa sobre infraestructuras estuvo moderada por Jesús Rojo González, director de Construcción Andalucía, Extremadura y Canarias de Sando.

En la mesa dedicada a la gestión, moderada por Jorge Gámiz Pérez, director general de Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras de Sando, intervinieron la concejala de Cultura y Educación, Gemma del Corral; el vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Cádiz, José María Mariscal, y la gerente de la UMA, María Jesús Morales. Del Corral se refirió al centenar de colegios cuya conservación y mantenimiento dependen del Ayuntamiento, algunos, como el de Prácticas n.º 1, de la Plaza de la Constitución, con cuatro siglos de antigüedad. Estas labores de mantenimiento, conserjes o seguridad tienen un coste de 19 millones de euros.

La concejala reclamó las competencias, y el presupuesto, para tomar parte en el diseño y construcción de estos edificios. La gerente de la UMA indicó que las infraestructuras, una vez construidas, tienen un coste de mantenimiento.

Para optimizarlo, la Universidad realiza, por ejemplo, cesiones de uso de sus instalaciones. También con el cierre en periodos no lectivos, como Navidad o el mes de agosto, se consigue un importante ahorro económico: solo en limpieza 1 millón de euros de ahorro al cerrar sus servicios en agosto. José María Mariscal puesto de relieve que la de Cádiz es la única universidad andaluza con cuatro campus. Reclamó la participación de los usuarios en las infraestructuras y una gestión eficiente desde el punto de vista de la responsabilidad social.