Un edificio inacabado y 12 años de espera para el mayor centro de discapacitados de Andalucía

Promovido por la extinta Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos (Famf) de Málaga, la construcción de este equipamiento valorado en 8,5 millones de euros arrancó gracias a las subvenciones procedentes de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF a fines sociales que concedía el Estado, aunque también con la aportación económica de la Junta de Andalucía (450.000 euros y el compromiso de concertar todas las plazas) y la colaboración en especie del Ayuntamiento con la cesión de la parcela de 15.000 metros cuadrados donde se ubica, en la zona de Torre Atalaya junto a La Caja Blanca, en la confluencia de la avenida Editor Ángel Caffarena y la calle Rosa García Ascot.

La duración estimada de las obras rondaba el año y medio, pero lo cierto es que el ritmo de los trabajos siempre vino marcado por la llegada de los fondos estatales en sus respectivas convocatorias anuales para repartir el dinero que los contribuyentes destinan a fines sociales en la declaración de la renta. Y así se combinaban temporadas de mucha actividad con otras al ralentí e incluso con parones. Ante las dificultades económicas para finalizar la obra, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) se implicó directamente en el proyecto en 2016 en respuesta a la petición de colaboración de la Famf y, posteriormente, de Málaga Inclusiva, la nueva federación provincial de asociaciones de personas con discapacidad que cogió el testigo.

En 2018 se consiguió relanzar las obras, pero el parón definitivo llegó en 2019 cuando la ejecución estaba al 85%. En Cocemfe se resisten a dar por enterrado este equipamiento de referencia y se muestran dispuestos a hacerlo realidad porque «Málaga necesita que se ponga en marcha de manera urgente ya que actualmente no existe una residencia para personas con discapacidad». Pero sí que reconocen, como resulta evidente, que «su construcción se ha visto ralentizada» en los últimos años por la crisis económica provocada por la pandemia y el encarecimiento de costes ligados a la guerra en Ucrania.

«Para terminar de construir el centro hacen falta más apoyos públicos y que continúe el compromiso de las administraciones. Desde que se produjo el cambio de competencias en la gestión de las subvenciones del 0,7% en 2017, el Gobierno central ya no puede financiar su construcción a través de las mismas, por lo que se encuentra en manos de la Administración Autonómica. En estos años hemos podido acceder al tramo autonómico, con lo que hemos podido seguir avanzando en la construcción», exponen desde Cocemfe. Cara al futuro, tras mantener varias reuniones con la Junta de Andalucía, aseguran que «hay muy buena disposición para colaborar económicamente en la obra» y el compromiso de ambas partes de continuar trabajando «de manera estrecha» para encontrar la forma de terminar el proyecto.

De hecho, se muestran optimistas y confían en que el centro esté listo «en un plazo no superior a dos años, siempre que se consiga financiación para ello». En cuanto al dinero que falta, argumenta que es «difícil saber la cuantía» por el continuo encarecimiento de costes, por lo que advierten de que «cuanto más se retrase la ejecución, más se incrementan los costes». Sobre las vías de financiación, indican que «a día de hoy, la única vía pública existente es la subvención del 0,7 a nivel autonómico».

A la espera de los cambios que la entidad pretende darle al centro para que la atención sea más individualizada, el bautizado como Centro Polivalente de Atención a Personas Discapacitadas fue concebido para atender a 156 usuarios con distintas necesidades: una residencia para adultos (34 plazas), otra para personas gravemente afectadas (20), una unidad de día (42) y un centro ocupacional (60). Lo que no varía es la idea de que los servicios sean concertados con la Junta de Andalucía en el marco de la normativa autonómica y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

El inmueble consta de un aparcamiento subterráneo de 90 plazas, tres plantas y una terraza con solarium. En la planta baja se habilitarían las salas del centro ocupacional, el salón de actos, la sala de usos múltiples y una cafetería que estaría abierta a todos los ciudadanos y que permitiría generar ingresos extra. En la primera se ubicarían las oficinas, la residencia para los usuarios gravemente afectados y las salas y despachos de la unidad de día; y en la segunda estarían la residencia de adultos, diversas salas de estar y zonas comunes. Las instalaciones contarán con las últimas novedades en domótica y, lógicamente, será cien por cien accesible, destacando en este último sentido un núcleo de rampas de acceso que estará adosado a la parte trasera del edificio.