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El Ayuntamiento de Málaga ha ordenado al propietario del edificio de Correos, el magnate israelí Haim Tsuff, que clausure «de forma inmediata y efectiva» los accesos al inmueble actualmente en desuso, a que reponga los cristales rotos de las carpinterías exteriores, a que lleve labores de limpieza y desescombro y a que, en caso de que hubiera personas en el interior, se proceda a su desalojo «por motivos de seguridad».
Así se recoge en la resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), a la que tuvo acceso este periódico, sobre el expediente de infracción abierto al dueño de este céntrico inmueble después de que a principios de septiembre apareciera colgada en la fachada de la torre del edificio una pancarta contra el ministro de Consumo, el malagueño Alberto Garzón, por la subida del precio de la luz. Aunque la lona llevaba la firma del grupo Frente Obrero -que se atribuyó, en su redes sociales, la autoría de esta acción de protesta. El Consistorio inició el expediente, al que se unió la denuncia, notificada el 21 de septiembre, de la Policía Local «poniendo en conocimiento que hay varias localizaciones por las que se puede acceder al interior» de la antigua sede central de Correos.
Los técnicos municipales, en compañía de la Policía Local, inspeccionaron el edificio y apreciaron que hay varios accesos abiertos. «Parece que el edificio está siendo transitado por ajenos que han realizado expolio de las instalaciones eléctricas y algunos destrozos en el interior del inmueble, aunque durante la visita no se observa la presencia de personas. Según nos indica la propiedad no existe suministro eléctrico ni de agua en el edificio», se recoge en la resolución.
Asimismo, añade la GMU, se aprecian otras incidencias como la existencia de carpinterías exteriores con cristales rotos, por las que se puede acceder al interior; restos de escombros de falsos techos destrozados y cableado por todas las plantas; acumulaciones de basura, produciendo fuertes olores y alto riesgo de incendios y armaduras oxidadas en forjados en la planta baja y en los forjados situados en la terraza de la segunda planta.
Por ello y teniendo en cuenta las condiciones generales de «inseguridad e insalubridad» del inmueble y para evitar entradas de personas ajenas a la propiedad exige que se acometan las actuaciones tendentes a paliar esta situación y a reparar los elementos dañados de la estructura. Para ello, la GMU da un plazo de dos semanas para el inicio de unos trabajos que, según sus cálculos, tendría un coste aproximado de 9.800 euros.
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