La Junta considera «imposible» integrar el cauce del Guadalmedina en la ciudad

La Junta de Andalucía va un paso más allá al definir cuál es su planteamiento de partida respecto a las posibilidades actuales de transformación del cauce del Guadalmedina para integrarlo en la ciudad y que deje de ser una cicatriz que divide en dos su casco urbano. Y su argumento es bien claro: mientras ejerza como río, comunicado con varios arroyos, y como aliviadero de la presa del Limonero, el cauce no se puede tocar. Así lo hizo ver a consultas de este periódico sobre su posicionamiento respecto al proyecto de vía verde ciclista y senderista planteado por el Ayuntamiento para favorecer el uso ciudadano del río. Como avanzó SUR el pasado viernes, la postura de los responsables en materia de aguas de la Consejería de Medio Ambiente que es el departamento que tiene la última palabra sobre lo que se puede hacer o no en el río sobre el diseño de vía verde es que no puede discurrir por el lecho del río por tratarse de una zona de dominio público hidráulico, por lo que lo limitan a que se ejecute sobre las bermas o pasillos de tierra elevados, casi al nivel de las calles adyacentes, que construyó la extinta Confederación Hidrográfica del Sur para mejorar el encauzamiento del Guadalmedina a su paso por la ciudad.

No obstante, los servicios centrales de Medio Ambiente, en Sevilla, también se pronunciaron sobre la solución global para integrar el río en la trama urbana, en lo que ya trabaja el Ayuntamiento cara a la redacción de un plan especial contemplado en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Y su posicionamiento es tajante: «La integración del río en la ciudad no debe entenderse como la urbanización del río, no es un suelo urbano y no se puede urbanizar estableciendo senderos, zonas de ocio, de descanso, zonas deportivas, mobiliario urbano, parques infantiles, etcétera, que no son compatibles con caudales de avenida de inundaciones y con una obra de defensa». «Ni siquiera está contemplado por la legislación urbanística y es contrario a la legislación urbanística, de tal manera que es imposible darle un aprovechamiento ni un uso urbanístico, ni se le puede dar autorización o licencia urbanística alguna», recalcaron desde la consejería.

Se trata de una postura fundamentada legalmente en más de una veintena de artículos de leyes y reglamentos estatales y autonómicos que fueron apuntados a este periódico y que merma considerablemente las opciones de actuación que pueda poner sobre la mesa el Ayuntamiento, en el plan especial que ha empezado a diseñar, a la hora de plantear soluciones para integrar el cauce en la trama urbana y sobre todo para darle un uso ciudadano. Desde el equipo de gobierno se ha anunciado que, para la elaboración del plan especial, se van a tener en cuenta algunas de las propuestas que se presentaron al concurso de ideas realizado hace cuatro años sobre el Guadalmedina. La ganadora del concurso, liderada por el arquitecto José Seguí, apostaba por convertirlo en un parque fluvial, una opción que, a tenor de este pronunciamiento de la Junta, queda totalmente descartado.

El plan especial, coartado

Fuentes municipales reconocieron a SUR que, ante esta postura de la Consejería de Medio Ambiente, lo más probable es que el plan especial que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha empezado a elaborar, con la ayuda de otros departamentos municipales y de la Fundación Ciedes, tenga que limitarse a proponer medidas para las márgenes del río o los puentes que actualmente lo atraviesan, unas actuaciones que, no obstante, estarán siempre condicionadas por la supervisión de la Junta, que se ha ofrecido a colaborar en la redacción del plan especial, si bien también ha advertido que previamente es necesario elaborar un plan director en el que se analicen los riesgos de toda la cuenca, especialmente del tramo más cercano a la desembocadura, y se establezcan medidas para evitarlos. La Junta se ha mostrado contraria a que se cambien las normas de explotación de la presa y tampoco avala opciones de embovedado, que todo caso quedarían supeditadas al citado plan director, cuya redacción se ha arrogado, por lo que el margen de maniobra es muy reducido.

El Ayuntamiento elaboró un estudio en el que se proponía construir un cajón para soterrar el cauce entre los puentes de la Aurora y de Armiñán y comunicar de este modo el Centro con la Trinidad mediante una gran plaza. Respecto a este trabajo, encargado por Ciedes al ingeniero Juan José Soto, la consejería explicó que «no se puede pronunciar ya que no se trata de un proyecto concreto que se somete a la autorización de la administración competente del organismo de la cuenca, sino de una propuesta de ideas». No obstante, insistió en que «las soluciones al cauce del río en el tramo urbano se deberían plantear mediante un plan director global».

Uso ciudadano

Por otra parte, desde Medio Ambiente incidieron en que, en base a la «profusa» regulación legal al respecto del dominio público hidráulico, «está expresamente prohibida cualquier actividad que suponga un potencial peligro para las personas y bienes o altere sustancialmente el régimen hidráulico de los ríos».

Como apuntó este periódico el pasado viernes, este criterio de la Junta contrasta con la presencia cotidiana de malagueños en el lecho del río paseando a sus mascotas, montando en bicicleta o practicando algún deporte. Según Medio Ambiente, la legislación en materia de aguas «garantiza del derecho de los ciudadanos al acceso al río, estableciendo entre otras, las zonas de servidumbre, en las que no se permite obstáculo alguno para paseo y el acceso, sin perjuicio de la limitaciones establecidas en este espacio y en la zona de policía, por no decir las que se establecen, como se ha dicho, en la zona inundable». Ahora bien, para la consejería, «una cosa es el libre acceso al río y otra cosa son los usos compatibles en una infraestructura de encauzamiento en defensa de avenidas, como la que se ejecutó en la ciudad de Málaga, en la zona urbana del río Guadalmedina».

Y es que, para la administración que ostenta las competencias en materia hidráulica, el tramo urbano del río «tiene una finalidad de defensa de la ciudad y, especialmente de los ciudadanos, por lo que no puede entenderse un uso distinto del de evacuación de las avenidas y mucho menos como lugar de paseo, de oci, de esparcimiento de los ciudadanos, que son autorizaciones incompatibles con la finalidad de la obra de defensa e incompatible con los caudales de avenida». Según la Junta, las rampas y accesos que actualmente permiten a los malagueños baja al cauce son «compatibles para su uso para llevar a cabo tareas de mantenimiento y por los servicios de emergencia».