¿Qué hacer con... la universidad?

Yo sigo pensando (y actuando como docente universitario), que la universidad tendría que recuperar su papel de Bien Público. Esto significa contribuir en la construcción de una sociedad más culta, más justa, más dialogante, más equitativa, más sostenible, más humana. Orientada a formar personas librepensadoras, creativas y críticas con una formación humana y profesional elevada y comprometida socialmente (ciencia + acción social). Para ello considero indispensable democratizar la universidad.

Pero ¿cómo lograr esta deseada función social de la universidad? El primer objetivo podría ser lograr la gratuidad total de los estudios universitarios, con ayudas en la formación (becas salario no condicionadas a calificaciones, sino a la situación socio-económica) que permita el estudio a todo el alumnado universitario sin depender de la familia. Y sin pruebas de acceso de carácter selectivo y con una adecuada planificación de las plazas universitarias de acuerdo con las necesidades sociales.

Un segundo objetivo sería que la universidad estuviese gestionada por la propia comunidad universitaria, y no por modelos gerencialistas centrados en costes y rendimientos, y centrada en construir una comunidad de indagación y ciencia con representación de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno (autonomía y autogobierno democrático), con financiación pública que no condicione el rigor científico ni la autonomía universitaria.

El foco del tercer objetivo sería la formación didáctica del profesorado. Un profesorado bien formado y de calidad que sepa desarrollar su labor de manera cooperativa (docente-investigador), para lo cual las condiciones docentes y de investigación deben mejorar enormemente (supresión de las contrataciones precarias) y con estabilidad, autonomía y con una dignificación de salarios y reconocimiento social. Es decir, donde la carrera docente e investigadora valore la docencia y la innovación educativa tanto como la capacidad investigadora.

En cuarto lugar, y no por ello menos importante, y como salud democrática universitaria, sería atender cómo la evaluación del profesorado debe hacerse teniendo en cuenta todos los aspectos universitarios: docencia, investigación, gestión, administración y transferencia. Es decir, una evaluación desde los modelos de la Open Science y en consonancia con el mandato de Horizonte 2020, donde se valore la dimensión del compromiso social de la universidad como agente dinamizador para la transformación social.

La Universidad de Málaga, con sus casi 35.000 estudiantes de grado, máster y doctorado, se ha consolidado en los últimos años como la tercera universidad andaluza, tras Granada y Sevilla. Y con sus más de 3.800 empleados es la tercera empresa de Málaga, superada por la Junta y el Ayuntamiento de la capital. Con un presupuesto para este ejercicio de 254 millones, se calcula que el impacto sobre su entorno supone casi 1.000 millones del PIB provincial. El Informe Socio Económico de la Confederación de Empresarios de Málaga para los años 2017/18 afirma que «la Universidad funciona como un agente relevante (...) como fuente de generación de conocimiento, con una contribución notable sobre el desarrollo tecnológico».

Falla la UMA en el cumplimiento de uno de los objetivos que tiene encomendados, la educación superior para la población de su entorno. Son miles los jóvenes que tienen que irse fuera de Málaga porque aquí no pueden estudiar. Ante esta fuerte presión, la respuesta de la UMA es, incomprensiblemente, la reducción de plazas de nuevo acceso, como ha sucedido en los últimos años. Tampoco se ofertan nuevas titulaciones. En este sentido, creo que falta agilidad en el equipo de gobierno. Hay titulaciones con una demanda creciente, como es el caso de Matemáticas (este año ha marcado un récord en su nota de corte, que ha subido a un 10 en selectividad), pero que no incrementan su oferta de plazas (75). Y otro ejemplo: cuando la Consejería de Educación implantó el francés como segundo idioma en Primaria, la Universidad de Granada rápidamente montó un doble grado en Primaria y Francés, algo que no hizo la UMA.

Otra de las cuestiones que tiene pendientes es la captación de estudiantes de otras provincias. El potencial turístico, la oferta cultural o el buen tiempo no son atractivo suficiente para los jóvenes universitarios de otras provincias. Más del 78 por ciento de los alumnos matriculados en la UMA son procedentes de la provincia y un 13 por ciento del resto de Andalucía. Y es curioso que los extranjeros (5%) superen el porcentaje de alumnos de otras provincias españolas (3,8%). En Granada, por ejemplo, son de la provincia el 44% de sus estudiantes. El atractivo de la ciudad de la Alhambra es evidente: 3.300 jóvenes malagueños estudian allí, mientras que solo 844 granadinos optan por nuestra ciudad.

A los responsables de la Universidad habría que exigirles que trabajen para impulsar la institución y lograr una posición más relevante. Que en los ránkings internacionales apenas aparezca destacada entra dentro de la lógica: competir con universidades centenarias (Salamanca, 800 años, Granada o Sevilla, con 500 años a sus espaldas) no es fácil para una institución que acaba de cumplir 46 años de historia. Pero la UMA debería saber buscar sus fortalezas y trabajar por una identidad propia. Siendo una universidad generalista creo que no se puede alcanzar el objetivo de destacar. LA UMA es fuerte en las ingenierías. Pero son unas carreras que, por su extrema dificultad, alejan a los estudiantes. Estas escuelas tendrían que plantearse cómo es posible que haya asignaturas con suspensos generalizados.

Tras unos primeros años en los que el rector ha centrado sus esfuerzos en arreglar cuestiones internas (promoción de profesores acreditados, nuevas plazas docentes, normativas o planes propios de docencia, investigación o innovación) parece llegado el momento de lograr una mayor proyección de la UMA, buscando esa seña de identidad diferenciadora. El rector, José Ángel Narváez, que ha dado muestras de valentía a la hora de plantear unos estatutos que suponen limitar el mandato de todos los cargos electos, debería asumir riesgos en otras decisiones que pueden resultar polémicas, reclamando y exigiendo a todos los sectores una mayor implicación en ese objetivo común, hacer de la Universidad una institución moderna, ágil y que dé respuesta a los retos del futuro.