Un protocolo evalúa la capacidad de conducir tras sufrir un ictus

Cada año se producen 104.071 casos nuevos de ictus, según la Federación Española de Daño Cerebral. Un cambio en la vida de los pacientes que puede desconcertarlos a la hora de volver a hacer algunas actividades que antes desarrollaban con total normalidad. Una de estas acciones es la de conducir. «¿Puedo conducir tras haber sufrido un ictus?», esta es la pregunta que muchos pacientes formulaban al llegar a la consulta de la terapeuta ocupacional y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA María Rodríguez Bailón, quien junto a más compañeros de Málaga y de la Universidad de Granada (UGR) se embarcaron en el proyecto de crear un protocolo que evalúa las alteraciones cognitivas de estas personas y cómo estas pueden afectar a su capacidad para conducir.

Este protocolo de evaluación se compone de distintas pruebas cognitivas, motoras y de personalidad para determinar si una persona podría volver a conducir o no con un daño cerebral adquirido. Las pruebas que se realizan se dividen en dos: algunas que ya estaban diseñadas y otras creadas por el equipo de investigadores para que «den información para saber las capacidades de estos pacientes», confirma la docente. Las nuevas pruebas son de planificación y observacionales con multitud de ítems que plantean si se podría llevar a cabo una conducción segura.

La prueba observacional configurada desde el equipo de este proyecto se basa en ver cómo conduce la persona e ir contestando a una serie de preguntas como si respeta la velocidad indicada o si es capaz de cumplir con todas las señales de tráfico, además de cuestiones más emocionales sobre cómo está la persona durante la conducción. Esto se desarrolla tanto en un simulador como en un coche real. En cuanto al examen de planificación, Rodríguez Bailón considera que «es muy importante porque no se había estudiado antes y la persona tiene que tomar muchos riesgos antes de coger un coche». Consiste en que el paciente elabore una ruta para llegar a una determinada hora a un sitio concreto, para ello tiene que tener en cuenta factores como las condiciones climatológicas.

«Son pruebas que si las pasan diferentes evaluadores no sesgan los resultados sino que son estables y fiables», subraya Rodríguez Bailón, quien añade que todavía no han podido hacer muchos análisis sobre los resultados porque es necesario un número alto de participantes para que tengan potencia y validez. Todavía no pueden determinar cuáles son las pruebas que predicen más si la persona puede volver a conducir o no a pesar de llevar más de dos años con el proyecto y un año evaluando a pacientes.

Este proyecto de protocolo es calificado por sus creadores como ambicioso, grande y difícil de hacer, quizá también sean algunas de las razones por las que en el contexto español solo se haya hecho de forma parcelada. «La ventaja de este es que aúna distintas disciplinas», asegura la investigadora, quien puntualiza que participan especialistas en neuropsicología, psicología clínica, terapia ocupacional, quienes se encargan de los conocimientos sobre el desenvolvimiento en actividades concretas de las personas con algún tipo de daño cerebral, y expertos en fisioterapia, quienes se ocupan de las cuestiones de los aspectos motores.

«La importancia de este proyecto radica en dar respuesta a una necesidad que tienen los pacientes y sus familiares». Unos familiares que en muchas ocasiones son los principales preocupados porque los afectados por esta enfermedad cojan el coche sin saber si realmente están capacitados. A este hecho se suma el de crear herramientas en español que puedan ser usadas por diferentes profesionales, aunque los creadores afirman que «van a hacer falta muchos años para saber realmente cómo evaluar de forma segura».

Además es una investigación que tiene un recorrido más largo que el crear un protocolo. Rodríguez Bailón plantea varias líneas futuras para continuar en este recorrido. Una de ellas es estudiar el tema de la conciencia, es decir, hasta qué punto la persona es consciente de sus déficits y cómo eso puede impactar a la hora de conducir, aunque en este primer proyecto ya se ha abordado el tema, pero sin la suficiente profundidad. Asimismo, una vez que estén detectados cuáles son los puntos de corte de las pruebas para ver si la población con daño cerebral adquirido puede conducir o no, el siguiente paso sería ver si esas capacidades que están más deficitarias podrían rehabilitarse. «Somos terapeutas ocupacionales y queremos que la persona pueda volver a hacer lo que quiera hacer».

Este proyecto surge durante el periodo de confinamiento y se financia a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ayuda concedida por la Junta de Andalucía. La ayuda fue pedida tras observar en la clínica el deseo de algunos pacientes de ictus de volver a conducir, pero sin saber si realmente podían hacerlo. La terapeuta ocupacional junto con la investigadora de la UGR, Cándida Castro Ramírez, especialista en procesos atencionales y perceptivos durante la conducción, se pusieron en marcha para conseguir la financiación.

Más adelante, el proyecto también es apoyado por otras instituciones como la UMA, quien aporta el simulador de coches con el que cuenta el departamento de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud además de las instalaciones. La UGR, desde el centro de Investigación, Mente, Cerebro y Comportamiento. Otra importante aportación se hace desde la fundación El Torcal, que ha puesto a disposición de la investigación un vehículo de doble control automático y otro manual, con diversas adaptaciones, así como la presencia de una instructora. Mientras que con el Ayuntamiento de Málaga se están iniciando las relaciones.

Los pacientes participantes de este estudio vienen derivados de diferentes hospitales y centros de daño cerebral de Málaga y Granada, como el Hospital Regional Universitario de Málaga, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga (ADACEMA) o el centro Aisse Sinergia (Granada).

La Dirección General de Tráfico (DGT) también se ha mostrado interesada en los resultados aunque no son vinculantes porque ellos cuentan con su propio tribunal médico, es decir, este protocolo no tiene la capacidad de dar o quitar carnés de conducir. «Nosotros vamos a ofrecerles los datos para que ellos mejoren también los protocolos de evaluación», asegura Rodríguez Bailón, quien confirma que los afectados tienen que informar a tráfico después de sufrir un ictus, para que sean ellos los que determinen dependiendo de una serie de factores. «Queremos que la evaluación sea más fina porque hay algunas pruebas como el psicotécnico del centro de reconocimiento que no capta algunas cosas que le pueden pasar a las personas con daño cerebral», concluye la investigadora.

El equipo de este proyecto está compuesto por muchos investigadores de las dos universidades, además de las principales Rodríguez Bailón y Castro Ramírez, catedrática de Psicología Experimental, destacan de la UGR la profesora de Psicología María Jesús Funes Molina; la docente de Terapia Ocupacional Dulce Romero Ayuso, mientras que en la UMA sobresalen los fisioterapeutas Rita Pilar Romero Galisteo y Manuel González Sánchez, y la terapeuta ocupacional y fisioterapeuta Raquel Cantero Téllez.

Desde el proyecto hacen un llamamiento a la sociedad general para que colabore con el proyecto, además de pacientes también necesitan personas que no hayan sufrido un ictus para ver cuáles son los baremos de las pruebas en población sana. «Es un protocolo extenso porque estamos varias horas con las personas porque necesitamos estudiar muchas cosas, pero si alguien se anima y quiere participar pues estaremos encantadas», defiende la profesora.