La Junta determina que Fuengirola arrebató terrenos a Benalmádena en la zona del Higuerón

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, plantea al Ayuntamiento vecino la posibilidad de acordar «una mesa de negociación» para saldar la deuda «histórica, económica y moral» que en su opinión mantiene Fuengirola. El primer edil considera «justo» que vuelva a hacerse efectiva la división territorial de 1874, ahora refrendada por la Junta. De este modo, Benalmádena recuperaría unos terrenos especialmente suculentos por los ingresos que generan en materia de licencias de obras e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Navas advierte de que, en caso de no prosperar la vía «del entendimiento», su Consistorio acudirá a los tribunales para ejecutar la histórica acta de deslinde. La orden del Gobierno andaluz pone además fin al procedimiento administrativo, aunque Fuengirola aún puede interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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Fuengirola no está dispuesta a ceder ni un solo metro cuadrado. Su alcaldesa, Ana Mula, recuerda que la zona «viene siendo administrada por este Ayuntamiento» desde hace años, sin que Benalmádena «haya ejercido nunca competencias municipales de ningún tipo, ni urbanísticas, ni censales, ni tributarias». Mula considera que la decisión de la Junta «no tiene en cuenta la verdadera realidad» de estos terrenos y ya ha dado instrucciones para tramitar un recurso de modificación de los límites acordados en 1874. En la zona residen unas 200 personas, según los cálculos de Fuengirola, cifra que aumenta hasta los 500 habitantes cuando Benalmádena hace las cuentas, aunque Navas estima que en el futuro podrían ser «miles» de vecinos por su potencial urbanístico. Esta clave resulta imprescindible para comprender el conflicto: los terrenos en disputa resultan sumamente atractivos para dos municipios que en los últimos años han reducido hasta el mínimo la superficie destinada a nuevos desarrollos.

El primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benalmádena, aprobado a comienzos de los años ochenta, no contemplaba estos terrenos, por entonces reducidos a secano, exclusión que los técnicos reconocen como «un error» por parte del arquitecto externo y el resto del equipo encargados del documento. Fuengirola aprovechó la circunstancia para incorporar la zona a su PGOU en 2006, según Benalmádena «de forma ilegal», un movimiento que provocó la primera reacción hace ahora más de una década. El Consistorio benalmadense, en aquel momento presidido por Enrique Bolín, presentó un recurso al plan general de Fuengirola, que a su vez inició un expediente de alteración de su término municipal para anexionar los terrenos, cuyo valor urbanístico se había disparado. El procedimiento contencioso interpuesto por Benalmádena quedó archivado a la espera de que se resolviera el expediente de alteración iniciado por Fuengirola, que nunca fue completado.

Con el PGOU aprobado, Fuengirola ganaba la partida. Pero una resolución de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía en 2007 ya reconocía que el límite de ambos municipios fue aprobado en septiembre de 1874. Ese deslinde, cuya representación consta en el Instituto de Cartografía de Andalucía, permanece en vigor según dictaminó la Consejería de Gobernación y ahora vuelve a confirmar la Consejería de Administración Local. Y Benalmádena, con las actas de aquel reparto, reclama 74.500 metros cuadrados de los que Fuengirola «se ha apropiado», según denuncia Navas: «No hubo problemas hasta la construcción de la urbanización, donde hay viviendas de lujo que pagan mucho IBI. Los servicios de basura y agua los prestamos nosotros pero el IBI lo cobra Fuengirola. Es kafkiano». Desde Fuengirola siempre han achacado la disputa «a intereses políticos» y acusan a Navas de mostrar una conducta «irresponsable».

En agosto, el pleno de Benalmádena movió ficha aprobando por unanimidad una moción «en defensa de las lindes territoriales del municipio y su recuperación efectiva». Por entonces la Junta acababa de comunicar a ambos Ayuntamientos que había iniciado «un proceso de replanteo» de los límites entre ambas localidades, procedimiento resuelto ahora con la orden de respetar la división consensuada en el siglo XIX. Los técnicos benalmadenses han propuesto la contratación de un abogado especializado para dirimir el conflicto en los juzgados e insisten en que el expediente de alteración del término municipal de Fuengirola ni siquiera llegó a tramitarse en fase autonómica. «La titularidad de los terrenos es de Benalmádena», sentencia Navas.

El acta de deslinde de 1874 fue firmada por los representantes de Benalmádena, Fuengirola y Mijas, esta última afectada por la división territorial al norte. La Junta recuerda que la ley permite actuaciones de replanteo para proyectar los acuerdos históricos sobre la realidad física pero siempre partiendo de la «inamovilidad de las líneas definitivas». Benalmádena se aferrará a esta resolución para reclamar la zona que considera que le corresponde, una guerra que afecta además a dos de los alcaldes con más poder de la Costa del Sol. El tiempo dirimirá qué municipio se queda con este trozo del pastel.