Este es el cambio que afectará a móviles y tabletas a partir del 20 de junio de este año

Raquel Merino

Málaga

Sábado, 24 de mayo 2025, 00:13

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La normativa fue aprobada por la Comisión Europea en 2023, pero no será hasta junio de este año cuando sea de obligado cumplimiento en España. Concretamente, a partir del día 20 de junio de 2025, todos los teléfonos móviles inteligentes y tabletas que se comercialicen en la Unión Europea deberán incorporar el etiquetado energético. Pero no es la única novedad, este nuevo reglamento velará por una mayor durabilidad de este tipo de dispositivos, e incluye una serie de normas sobre desmontaje y reparación.

Respecto al nuevo etiquetado energético, aportará detalles relacionados con la eficiencia energética, duración de la batería, la resistencia a caídas y a la penetración de partículas y de humedad de smartphones y tabletas y, por primera vez en un producto comercializado en el mercado de la UE, tendrá que mostrar también una calificación para la reparabilidad, lo que ayudará a los consumidores en el momento de realizar su compra.

Entre las novedades más destacadas, se encuentra que los dispositivos permitirán medir la autonomía de la batería en ciclos, hasta que la capacidad restante de la batería en un estado de plena carga haya alcanzado el 80 % de su capacidad asignada. También tendrá que informar sobre la resistencia del dispositivo ante caídas libres fortuitas. La resistencia se calculará mediante el número de caídas sin deterioro en caída libre repetida que soporta, en una escala de la A (más resistente) hasta la E (menos resistente).

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Código QR: enlazará al modelo en el Registro de Productos Europeos (EPREL) con información del producto.

Clase de eficiencia energética: Indicará la eficiencia de carga de la batería, su tamaño y duración.

Autonomía de la batería por ciclo: Informará sobre las horas y minutos que dura una carga completa de la batería.

Test fiabilidad en caída libre repetida: Mide el número de caídas que han sido superadas por, al menos, 4 de las 5 unidades probadas, sin el uso de protectores de pantallas ni fundas desde un un metro de altura sobre una superficie de metal. Se revisarán determinadas funcionalidades del dispositivo para comprobar su correcto funcionamiento: pantalla, cámaras, llamadas, bluetooth, wifi, batería/cargador, botones, alarmas y vibración, micrófonos, altavoces y audio a través de auriculares. Una A es que aguanta más de 208 caídas y una E, menos de 56 caídas.

Clase de reparabilidad: Recoge la complejidad del desmontaje, las piezas de recambio disponibles, la duración de las actualizaciones de software...

Autonomía de la batería en ciclos: Este número indicará cuántos ciclos de carga/descarga dura esa batería sin perder más de un 20 por ciento de la capacidad de carga original.

Índice de protección contra la penetración: El primer dígito del índice IP hace referencia a las partículas de polvo, mientras que el segundo, a la protección frente al agua. Van de 1 al 8: cuanto más alto, más protección.

Los móviles y tabletas comercializados a partir del 20 de junio de este año tendrán que demostrar, además, una mayor resistencia a rayones accidentales, caídas accidentales, así como su capacidad de protección contra el polvo y el agua (mediante la asignación de un nivel, del cero al ocho) y deberán contar con baterías suficientemente duraderas. En este sentido, las baterías tendrán que soportar, al menos, 800 ciclos de carga y descarga conservando al menos el 80 por ciento de su capacidad inicial.

La nueva normativa recoge asimismo una serie de normas sobre desmontaje y reparación -como evitar pegamentos que dañen los aparatos o que no sean necesarias herramientas propias del fabricante- y la obligación de que los productores pongan piezas de recambio críticas a disposición de los talleres de reparación en un plazo de cinco a 10 días hábiles y hasta siete años después del final de la venta del modelo. Además, los reparadores profesionales podrán acceder a cualquier software o firmware del fabricante necesario para la sustitución.

Por último, hace hincapié en la actualización de los sistemas operativos que, al menos, tendrán que estar disponibles durante cinco años desde que el producto se descataloga.