La jueza levanta la imputación al alcalde de Mijas tras no poder avalar que exista el denunciante

Maldonado, en una imagen de archivo. /
Maldonado, en una imagen de archivo.

El cartero que entregaba las notificaciones admite a la Guardia Civil que un compañero suyo y edil del PP le pidió que se las dejara en su propio buzón

Iván Gelibter
IVÁN GELIBTER

La titular del Juzgado número 2 de Fuengirola ha retirado la condición de investigado al alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y a los dos ediles de su gobierno (uno de Cs y otro del PSOE) tras no poder constatar que la persona que denunció los hechos de los que le acusaba la Fiscalía exista realmente. Aunque se retira esta condición, la jueza no archiva el caso, ya que en la investigación de la Guardia Civil se sostiene que el cartero que debió entregar las notificaciones al citado denunciante reconoció que se las dejó en el buzón a un compañero suyo y edil del PP, Juan Carlos González Márquez, por indicación de éste último.

Según toda la información que obra en poder de SUR de fuentes cercanas a la investigación, el pasado día 3 de septiembre, un jubilado de la localidad presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga un escrito para denunciar como afectado unas presuntas irregularidades en la organización de un viaje de mayores. En dicho escrito (al que ha tenido acceso este periódico) no aparece ningún DNI, tan solo una dirección a efectos de notificación. Dicha dirección no existe, tal como ha confirmado la Guardia Civil.

El denunciante aportó entonces el expediente de contratación en cuestión y donde, según él, existen irregularidades. Sin embargo, a este expediente de contratación se añadía un supuesto informe de la técnico de Tercera Edad responsable del servicio donde basa parte de su acusación; documento que no se encuentra en el expediente de contratación (que se puede consultar en el Consistorio) y que no tiene registro de entrada en el Ayuntamiento de Mijas ni número de folio.

A raíz de toda esta documentación, la Fiscalía envió un escrito a la jueza en la que se pedía la apertura de una investigación, aunque tal como ha podido constatar este periódico, el denuciante no fue llamado a ratificar la citada denuncia, mientras que en las diligencias previas tampoco aparece ninguna petición de información de la Fiscalía al Consistorio.

Tras hacerse pública la investigación que pesaba sobre Maldonado, éste presentó el pasado lunes una denuncia ante la Guardia Civil, en la que señalaba de forma literal: «Tenemos fundadas sospechas de que la identidad del supuesto denunciante (...) no existe, siendo una maniobra de carácter político para perjudicar a los ahora denunciantes en su calidad de cargos electos del Ayuntamiento de Mijas y quitar sus opciones de continuar ejerciendo su actividad política».

Ese mismo día, la Guardia Civil inició la investigación correspondiente. De esta manera, interrogaron al cartero de la zona a la que correspondía el código postal de la dirección aportada por el denunciante. Según el informe de la Benemérita, este funcionario no habría entregado ninguna carta en esta dirección y afirma de forma literal: «Que a principios del mes de noviembre, un compañero suyo de trabajo, llamado Juan Carlos González Márquez (actual edil del PP en Mijas) le dijo que si recibía alguna carta con el nombre (del denunciante) se la diera a él mismo». A esto añade que una semana después de mantener esa conversación, González Márquez le envió varios mensajes de Whatsapp para recordárselo. El día 22 de noviembre recibió una carta a nombre del denunciante; «por lo que la fotografió y se la envió a Juan Carlos, contestándole este que la dejase en su buzón», añade la investigación.

También preguntado por la Guardia Civil, González Márquez se justifica afirmando que le hizo esta petición a su compañero porque un día se le acercó un hombre y le dijo que iba a poner un buzón y que estaba esperando una carta, y que por ese motivo se lo comentó al compañero. Ante estas declaraciones, la Guardia Civil sostiene que hay «contradicciones» entre ambas, y que se desprende que el nombre del denunciante «podría ser ficticio» al no haberse expedido nunca un DNI a ese nombre.

Ante estos hechos, y apenas una semana después de que se conociera la investigación de Maldonado, la jueza califica esta situación como una «anómala circunstancia sobrevenida», y acuerda dejar sin efecto el auto del 7 de noviembre en el que se citaba como investigados a Maldonado y a los ediles José Carlos Martín (Cs) y Tamara Vera (PSOE). De esta manera, el caso no queda archivado, sino que la jueza investigará ahora en qué circunstancias se produjo la denuncia, quién la realizó y si la documentación (que no aparece en el expediente de contratación) existe o no. Este periódico intentó ayer sin éxito recabar declaraciones al respecto del PP en el municipio.

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