La Fiscalía pide que siga el procedimiento contra García Urbano mientras el alcalde de Estepona solicita el archivo

El Ayuntamiento de Estepona ha informado de que García Urbano ingresó con fecha 25 de noviembre en la cuenta de Tesorería del Ayuntamiento, de su propio bolsillo, la cantidad de 5.276, 92 euros, importe que equivale a la retribución neta que percibió la mujer, C.P.B., con la que presuntamente mantenía una relación íntima y que fue contratada por el Ayuntamiento del 13 de febrero al 31 de marzo de 2023. El documento de dicho ingreso, al que ha tenido acceso este periódico, ha sido presentado al juez por el abogado de García Urbano, Francisco Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles y el juez ha admitido esta prueba.

La portavoz municipal socialista, Emma Molina, ha señalado que el pago realizado por el alcalde «es un reconocimiento de las irregularidades cometidas» y ha vuelto a pedir su dimisión. Para el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, la devolución del dinero «es un reconocimiento claro de su culpabilidad». «En lugar de intentar demostrar que la mujer contratada desempeñó sus funciones, ha devuelto el dinero que cobró, admitiendo de esta forma que lo percibió indebidamente», ha señalado.

Desde el Gabinete de Prensa del Consistorio esteponero se asegura que «no existe ningún delito ni irregularidad en las contrataciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano es alcalde» y que ese ingreso se ha realizado «para dar mayores garantías al procedimiento y demostrar la inexistencia de irregularidades y perjuicio alguno para el Ayuntamiento», destacando «que ninguna de las partes acusadoras ha presentado pruebas contra el alcalde».

Dispensa judicial

El proceso judicial contra García Urbano y C.P.B por presunta malversación de caudales públicos se ha reanudado tras cinco meses parado por una supuesta incompatibilidad de representantes legales, que finalmente ha sido resuelta y ha permitido continuar el procedimiento.

El pasado 20 de noviembre el abogado de García Urbano solicitó ante el juez la dispensa de su cliente a acudir a la citación del día 27 de noviembre, argumentando que ya fue informado del actual procedimiento el pasado mes de enero y que «se da por instruido e informado y no desea aclarar nada distinto a lo que ya puede alegar su defensa», admitiendo el juez este escrito y autorizando a García Urbano a no acudir a sede judicial en el día de hoy.

El abogado de Vox, que se ha personado en la vista por videoconferencia al encontrarse enfermo, ha presentado una queja al juez por la dispensa al alcalde y la no asistencia de García Urbano, al entender que «la comparecencia es obligatoria porque el acto de hoy es personalísimo. Estamos advirtiendo de un defecto formal», ha afirmado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Manuel Aguilar.

Así pues, en el propio acto ante el juez, el abogado del grupo municipal socialista, Francisco Javier Conejo Rueda, ha solicitado tanto la imputación del alcalde como de C.P.B., que fue personal eventual contratada por el Ayuntamiento de Estepona, por un delito supuestamente de malversación de caudales públicos. «Entendemos que el alcalde debe ser imputado como autor de ese delito y ella como cooperadora necesaria, por haber percibido la retribución que obtuvo por ese supuesto trabajo que, según hemos indagado en las diligencias que se han llevado a cabo, no prestó», ha señalado.

De igual manera el Ministerio Fiscal ha solicitado la imputación de ambos. Sin embargo, el abogado de Vox ha pedido sólo la imputación del alcalde de Estepona. Las dos defensas, tanto la de García Urbano como la de C.P.B., han pedido el sobreseimiento de la causa. Ninguna de ellas ha querido hacer declaraciones a este diario a la salida de los juzgados.

Ahora se abre un plazo de cinco días por si alguna de las partes quiere plantear diligencias de pruebas. Si no se presenta nada, pasado este plazo, el juez tendrá que decidir la continuación del procedimiento judicial con jurado popular ya en la Audiencia Provincial de Málaga o, por el contrario, el sobreseimiento del proceso.