Dimite Miguel Ángel González, el concejal del PP de Benalmádena que ofició una boda no autorizada

Iván Gelibter

Jueves, 10 de noviembre 2022, 16:22 | Actualizado 19:09h.

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Dos días después de que saltara la polémica, presionado por las informaciones publicadas y ya sin la confianza plena de su partido, el concejal del PP de Benalmádena que ofició una boda no autorizada por el juzgado, dejará su cargo. Miguel Ángel González dimitirá a lo largo de este viernes, un extremo confirmado por fuentes del PP provincial, y que ocurría horas después de que SUR hiciera pública el acta del enlace con su firma que él negaba que existiera.

Los hechos tienen su origen en mayo, cuando un hombre y una mujer contrajeron matrimonio en una finca de la provincia. Pero la pareja (él extranjero y ella española) tardaron unos meses en ir al juzgado de Torremolinos encargado del Registro Civil para recoger el libro de familia. No fue hasta ese momento cuando se enteraron de que su enlace (a pesar de existir un acta firmada que presentaron allí mismo) no solo no se había producido en términos legales, sino que había sido denegado por dicho juzgado unas semanas antes.

Eso es lo que denunciaba el Ayuntamiento de Benalmádena, que ya puso en conocimiento de la justicia lo que parecía ser una boda fraudulenta oficiada por este concejal del PP. Según esta denuncia -a la que este periódico accedió- en «fechas recientes», uno de los empleados del Castillo Bil Bil (entidad municipal que gestiona las bodas) recibió una llamada telefónica de un funcionario de un juzgado de Torremolinos (según el Ayuntamiento del juzgado encargado del Registro Civil) para interesarse por un matrimonio que supuestamente se había celebrado «sin previa autorización judicial».

Los hechos tienen su origen mayo, cuando un hombre y una mujer contrajeron matrimonio en una finca de la provincia. Pero la pareja (él extranjero y ella española) tardaron unos meses en ir al juzgado de Torremolinos encargado del Registro Civil para recoger el libro de familia. No fue hasta ese momento cuando se enteraron de que su enlace (a pesar de existir un acta firmada que presentaron allí mismo) no solo no se había producido en términos legales, sino que había sido denegado por dicho juzgado unas semanas antes.

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«La pareja esta son amigos; él es extranjero y ahora no están dando bodas porque no se fían»

Tal como consta en la denuncia, se había presentado o aportado al juzgado por parte de los novios un acta de celebración de un matrimonio suscrito por un concejal por delegación del alcalde, pero con la salvedad de que éste no se había autorizado previamente por el juzgado competente, «dándose la circunstancia añadida de que ese matrimonio fue expresamente denegado por el juzgado», recalcaba el Ayuntamiento en su denuncia.

“La pareja esta son amigos; él es extranjero y ahora no están dando bodas porque no se fían”, aseguró a este periódico González, que confirmó durante esta conversación que el enlace se había denegado porque el juzgado de Torremolinos sospechaba del mismo al ser uno de los cónyuges extranjero, pero recalcaba que durante la ceremonia (de la que también existen documentos gráficos) él leyó “una poesía” y poco más, y por segundo día volvió a rechazar que existiera un acta firmada.

Sin embargo, este periódico había accedido a dicho documento, en el que -con su nombre, firma y DNI- aseguraba que actuaba por delegación del alcalde para oficiar la boda, un extremo que el propio regidor, Víctor Navas, había negado por completo. Tal como ha podido saber este periódico, fue el juzgado de Torremolinos encargado del Registro Civil el que envió este acta al Juzgado de Paz de Benalmádena para encontrar una explicación, ya que al meter los datos de los contrayentes, el matrimonio aparecía como denegado.

El líder del PP en Benalmádena, Juan Antonio Lara, ya había señalado el miércoles a través de un portavoz oficial que, efectivamente, el Juzgado de Paz se puso en contacto con él para alertarle de que un edil de su partido estaba implicado en este asunto. Según Lara, le pidió explicaciones a González, y este le respondió que había habido un “problema”, pero que ya lo había solucionado. Esta versión de Lara era incompatible con la que González aportó a SUR el miércoles, en la que afirmaba que le llamaron porque el novio había dado su nombre para que fuera como testigo al juzgado para confirmar que la pareja era real y no un matrimonio de conveniencia. Si esta versión fuera cierta, la llamada a su jefe de filas carecería completamente de sentido, razón por la que la confianza en su relato comenzó a resquebrajarse el mismo miércoles.

Un asunto judicializado

Una vez confirmada la dimisión por fuentes del PP de Málaga, Miguel Ángel González colgó un mensaje en redes sociales, en el que apuntaba que tras estudiar toda la información y documentación relativa respecto a la celebración que ofició el pasado 27 de mayo, y que ha generado “confusión y un problema de carácter administrativo”, y tras consultarlo con la dirección de su partido a quien le debe en mi labor como concejal; había decidido “dar un paso al lado” y renunciar a su acta para poder “defender” su honor sin que ello suponga “un ruido mediático innecesario que entorpezca la buena labor que desarrolla el Partido Popular de Benalmádena”.

“Precisamente -añadía- “creo que todo este asunto viene motivado por el miedo de algunos al ver la profesionalidad y el nivel de fiscalización que está desarrollando el PP, que actúa con visos y responsabilidad de equipo de gobierno, perfectamente dirigidos por nuestro portavoz, Juan Antonio Lara, a quien agradezco su confianza durante todos estos años y también en estas últimas horas”. El edil insistía en que su renuncia a seguir siendo concejal es “un paso al lado”, porque seguirá colaborando activamente en el proyecto del Partido Popular de Benalmádena, “para que mi ciudad vuelva a ser lo que merece”. “Ya estamos mucho más cerca de conseguirlo”, sentenciaba.

Más allá de la dimisión del concejal, el asunto sigue vivo, al menos en términos judiciales, ya que el Ayuntamiento lo puso en conocimiento de la justicia. Será ahora esta la que defina si además de la responsabilidad política también hay responsabilidad penal. Además, la investigación tendrá que determinar ahora porque el juzgado de Torremolinos no actuó de oficio cuando recibió un acta de un enlace que previamente había sido denegado.