El Club de Hielo de Benalmádena podría verse abocado al cierre por una antigua y polémica deuda

Se trata de una deuda a la Seguridad Social que comenzó siendo de 285.000 euros y que, actualmente con los recargos, asciende a 380.000 euros. El actual Gobierno defiende que en este primer mes de mandato es cuando han descubierto su existencia, a pesar de que la Seguridad Social lleva reclamando el pago al Consistorio desde enero de este año, cuando aún gobernaba el PSOE. Como la deuda no fue alegada, ni liquidada, la Seguridad Social siguió dando avisos y a la altura de mayo llegó la resolución final con todos los plazos ya agotados.

Nada más conocer la existencia de la misma, el equipo de Juan Antonio Lara (PP) decidió abonarla ante el riesgo que ese impago supone para recibir cualquier tipo de subvención, ya que hay que recordar que en estos momentos Benalmádena tiene en juego más de 5 millones de euros procedentes de los fondos europeos EDUSI. Pero desde el primer momento ha defendido públicamente que el Ayuntamiento hace el pago, pero que no es al Consistorio a quien corresponde este abono y que recurrirá a la vías que sean necesarias para reclamar ese dinero.

La deuda llega hasta hoy heredada de la antigua UTE (Unión Temporal de Empresas) que gestionaba el Club de Hielo, una unión en la que Grupo Vera era la matriz, y acabó quebrando. La UTE se deshizo y la zona deportiva cerró en pleno Covid, ante la imposibilidad de dichas empresas de seguir. Lo que ocurre aquí es un caso muy parecido al de Tívoli, con la quiebra de la anterior, la nueva empresa que asume la concesión se ve abocada a heredar las deudas. Así le ocurrió a Grupo Tremón con Tívoli, y evitando reconocer esas deudas, no ha querido hacerse cargo del parque hasta ahora.

Pero cuando cerró el Club de Hielo en 2020, el entonces alcalde, Víctor Navas, sacó a concurso la gestión del espacio «y se presentó una única empresa, de gente joven, empresarios locales, que asumieron una fuerte inversión en la mejora de las instalaciones y que subrogaron a los empleados», cuenta el propio Navas, que asegura que ni la nueva empresa ni el Ayuntamiento, gestionado por su equipo entonces, investigaron para saber si la anterior empresa había dejado todo al día o si había riesgo de contraer deudas heredadas.

«Ni el Ayuntamiento ni la nueva empresa sabíamos de esa deuda. Nos enteramos cuando la Seguridad Social envió una responsabilidad subsidiaria tanto a la empresa nueva como al Ayuntamiento, y sobre todo se agarró a quien más capacidad de pago tiene, que es el ayuntamiento, porque la actual concesionaria no puede asumir esa cantidad», continúa Navas.

«El Ayuntamiento va a emprender todas las acciones legales que sean necesarias para depurar responsabilidades, pedir explicaciones y velar por los derechos de nuestros contribuyentes», aseguró por su parte la primera teniente de alcalde, Presi Aguilera, quien defendió que existe documentación «más que contundente» que avala que es imposible que el exregidor Víctor Navas no tuviera conocimiento de dicha deuda. «Es evidente que si una empresa debe cuantías de consideración a la Seguridad Social y traspasa tanto a sus trabajadores como a la concesión a otra empresa, la obligación del Ayuntamiento es comprobar el cumplimiento de las normativas y de que está al corriente de todos los pagos antes del cambio de titularidad», continuó Aguilera, quien hizo hincapié en que «el Ayuntamiento y los benalmadenses no tienen que hacerse cargo de dichas deudas».

A la espera de que el interventor municipal se pronuncie de oficio sobre este tema, y de que incluso el actual Gobierno recurra a servicios jurídicos externos para 'amarrar' bien el asunto, todo apunta a que si éste emprende medidas judiciales serán para reclamar la cantidad ya abonada a la anterior empresa adjudicataria, hoy desparecida, y si esta no responde, tendrá que hacer frente la actual concesionaria.

De ocurrir así, «se pone en riesgo la continuidad del actual explotador y de todas las empresas que pudieran venir después a interesarse por el Club de Hielo», afirma Navas, quien defiende que ninguna otra empresa va a querer abonar cerca de 400.000 euros en deudas, y que al igual que ocurre con Tívoli, Benalmádena tendrá otro gran espacio en punto muerto.