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IVÁN GELIBTER
Miércoles, 1 de febrero 2017, 00:38
La retirada del hormigón de un carril del diseminado de La Alberquilla, en Mijas, es una decisión tomada por un juzgado, por lo que deberán acatarla. Así se pronunciaron ayer fuentes del Ayuntamiento de la localidad al respecto de una polémica que tiene su origen hace diez años, y que tuvo el pasado mes de octubre el último episodio cuando los vecinos afectados consiguieron parar la retirada de este hormigón alegando que desconocían la sentencia que les obligaba a ello.
Desde entonces, y según fuentes municipales, el expediente ha estado temporalmente paralizado para que estos vecinos pudieran acceder a él, aunque desde el Consistorio señalan que no pueden hacer «nada» al respecto, ya que no es una decisión que les competa.
Los afectados alegan además que su calle no es la única que fue hormigonada hace ahora diez años, pero que sin embargo son los únicos que se ven obligados a retirarlo. A esta cuestión, las fuentes del Ayuntamiento de Mijas consultadas respondieron que la denuncia partió de un vecino y no del Consistorio, algo que no ha sucedido en el resto de vías. «Desde el Ayuntamiento no vamos a obligar a nadie de la zona a retirar el hormigón, siempre y cuando no haya una sentencia al respecto. Si la hay, existe una obligación de quitarlo», apuntaron estas fuentes.
En el caso de La Alberquilla, el presupuesto al que se enfrentan estas 40 familias afectadas es de unos 90.000 euros. Según los propios vecinos, el cálculo parte de unos 39 euros por metro cuadrado en una calle que tiene unos 500 metros de longitud. Cada uno de ellos, por tanto, se enfrentará a unos 2.500 euros aproximadamente, que tendrán que abonar al Consistorio para su retirada una vez que concluya el periodo de revisión del expediente.
«Barrizal intransitable»
El pasado octubre, coincidiendo con la paralización del expediente, los vecinos volvieron a exigir que la vía se mantenga como está, con hormigón, ya que de lo contrario se convertiría en un «barrizal intransitable» cuando llueve. Entre los vecinos, hay 11 niños en edad escolar y un anciano próximo a los 90 años que vive solo y una persona enferma de cáncer. «Y tampoco entendemos que nosotros nos veamos afectados por esto porque un vecino nos denunció, mientras en otros diseminados o calles sí puedes disfrutar de un hormigón que hemos pagado entre todos», señalaba ayer uno de los afectados.
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