Benalmádena detecta un desvío de pagos del Puerto al comedor social

La gestión de Unión Centro Benalmádena (UCB), formación independiente que fue llave de gobierno en la anterior legislatura, continúa en el punto de mira. La empresa Moncho Tren, adjudicataria del tren turístico que cada día utilizan decenas de personas, adeuda a Puerto Marina, sociedad de capital cien por cien municipal, el canon correspondiente al uso de sus instalaciones en 2011, que asciende a 10.000 euros más IVA.

Después de que el Área de Intervención del Ayuntamiento reclamase este pago, el empresario responsable del servicio acreditó que había abonado 8.000 euros a la cuenta bancaria del comedor social tras una petición del exconcejal del Puerto y presidente de UCB, Francisco Salido. Su partido también controlaba el comedor social, un proyecto que se encuentra bajo investigación judicial por un supuesto desfase económico cercano a los 260.000 euros, por lo que el interventor considera que se trata de un «desvío de ingresos» del que no se informó al consejo de administración del Puerto y que no estaba avalado por ningún informe técnico.

El propio empresario reconoce, en un escrito enviado a la nueva dirección de la empresa municipal, que el pago no pudo realizarse de forma ordinaria porque la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) estaba verificando el nivel de contaminación acústica que producía el tren, por lo que aún no había autorizado su funcionamiento. El empresario turístico sostiene que, ante esta situación, en octubre de 2011, tanto Salido como el exgerente del Puerto y vicepresidente de UCB, José Manuel López Merino, le indicaron que ingresara 8.000 euros en la cuenta del comedor social. El resto, siempre según el empresario, «quedaba compensado por los daños producidos en el techo de dos trenes», valorado en 3.200 euros, aunque tampoco consta ningún informe municipal que cuantificase los daños ni certificase el importe mencionado.

Desde la empresa admiten haber accedido «a esta forma irregular» de pago por tratarse «de una transferencia bancaria a una asociación local de carácter benéfico». Un informe del interventor municipal, sin embargo, determinó que el comedor social no había justificado el 80 por ciento de las ayudas recibidas del Ayuntamiento, un escándalo que arrastra a seis imputados, entre ellos Salido y López Merino, pero que aún no había salido a la luz cuando Moncho Tren realizó los ingresos. La empresa alega que abonó 11.200 euros «de la forma en que se nos ordenó» y afirma que «si hay alguna responsabilidad debería ser de las autoridades civiles, políticas o administrativas».

El Puerto continúa reclamando el canon adeudado, una situación que podría acabar en los tribunales si el empresario decide solicitar los 8.000 euros abonados al comedor social a instancia de Salido y López Merino. Por su parte, el caso del comedor social continúa siendo investigado por el Juzgado de Torremolinos. El interventor reveló que la asociación disponía, al menos, de dos cuentas bancarias con las que operaba en entidades distintas, si bien solo reflejaba los movimientos correspondientes a una de ellas.