El Ayuntamiento pierde la concesión del proyecto de ampliación de Puerto Marina

La ampliación del puerto deportivo de Benalmádena, un proyecto que se remonta a finales de la década de los 90, sigue sin cuajar. A la maraña administrativa y contable que ha impedido a los distintos equipos de gobierno anotarse el tanto de inaugurar la marina más grande de Europa se une ahora un nuevo revés, esta vez definitivo. El Ayuntamiento anunció ayer que la concesión de ampliación otorgada por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) se perdió en febrero, «algo que el anterior Gobierno local nunca hizo público». La noticia ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el PP, que presidió la corporación municipal desde 2012 hasta junio de este año, y el PSOE, actualmente en la Alcaldía.

Desde el Consistorio acusan a la exregidora, Paloma García Gálvez, de ocultar la resolución de la APPA y de no presentar un recurso contencioso administrativo contra el dictamen, una posibilidad que se agotó dos meses después de que la decisión fuese notificada. El alcalde, Víctor Navas, y la concejala de Puerto, Encarnación Cortés, denunciaron ayer que la extinción de la concesión supone una «merma considerable» para las arcas municipales por el coste de 400.000 euros del canon anual. Cortés afirma sentirse «engañada» por García Gálvez: «Nos animaba a seguir con la ampliación a pesar de que ya sabía que la concesión estaba perdida». Aunque existe un registro de entrada de la notificación de la APPA con fecha de 24 de febrero, la documentación «no aparece por ningún lado», algo por lo que el Ayuntamiento estudia emprender medidas legales: «Vamos a esclarecer el asunto y ver dónde está la carta, porque es extraño que haya desaparecido».

«Falta de apoyo»

Desde el PP alegan que «todo es una pantomima orquestada para ocultar la crisis interna que sufre el pentapartito» que apoyó la investidura de Navas. La portavoz de los populares en el municipio costero, Concha Cifrián, sostiene que existe un conflicto «por la falta de apoyo de los socios de gobierno de Navas al proyecto» y que el alcalde «busca ahora de manera desesperada cómo centrar la atención en el PP». Cifrián acusa a la Junta de Andalucía de «boicotear el proyecto por intereses políticos» y, aunque niega que desde su partido conocieran la notificación de la APPA, asegura que «un proceso contencioso administrativo hubiera bloqueado en los tribunales durante años la posibilidad de ampliar Puerto Marina».

Sobre el papel, las obras de ampliación del recinto portuario tenían un coste cercano a los 70 millones de euros, aunque en principio la gestión del proyecto iba a correr a cargo de una empresa privada. La falta de inversores y la complejidad burocrática del plan, esbozado por primera vez durante la etapa de Enrique Bolín al frente de la Alcaldía, truncaron los numerosos intentos de los diferentes equipos de gobierno de sacar adelante un proyecto casi faraónico que pretendía convertir el puerto en el más grande de Europa. La APPA ya anunció en marzo del año pasado que había iniciado los trámites para retirar la concesión del proyecto, un permiso otorgado en enero de 2012. En febrero de este año, agotada la vía administrativa, solo cabía interponer un recurso que nunca se materializó, por lo que la ampliación queda completamente descartada, al menos tal y como se concibió inicialmente.

Navas negó ayer a este periódico que exista una crisis de gobierno y anunció que abrirá el debate sobre la ampliación a la participación ciudadana mediante la puesta en marcha de una Oficina del Puerto Deportivo, «encargada de articular los mecanismos necesarios para que los vecinos expresen su opinión sobre el proyecto y su necesidad».