Nerja explora una solución para evitar el cierre de sus varaderos, con más de 500 embarcaciones

El conflicto tiene su origen a comienzos de 2014, a raíz de que la Junta de Andalucía abriese un expediente sancionador a los dos negocios, así como a los cuatro chiringuitos instalados en esta misma franja del litoral nerjeño, por vulnerar la Ley de Costas, al invadir el dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre con usos no permitidos, ya que carecen todos ellos de la preceptiva licencia municipal. Sin embargo, a pesar de que la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha archivado estos expedientes, que inicialmente contemplaron sanciones de hasta 300.506,05 euros, SALSA inició los trámites para rescindir los contratos de alquiler que mantenía, y desde hace más de un año no renovó los acuerdos, iniciando sendos procesos de desahucio al negarse los empresarios a cerrar las instalaciones, como les ordena Larios.

«SALSA nos pide una licencia en precario, un documento que tiene que emitir el Ayuntamiento pero que hasta ahora no nos han facilitado. Como tengamos que cerrar no sé qué vamos a hacer con los más de 500 barcos que hay aquí metidos. Son 500 vecinos que tienen sus embarcaciones y que las usan a menudo, especialmente en los meses de verano», argumentó a SUR Antonio Rojas, responsable de uno de los varaderos. «Ni antes con el equipo de gobierno del PP de José Alberto Armijo ni ahora con el PSOE de Rosa Arrabal han sabido darnos una solución legal», se quejó el empresario, quien vaticinó que si en unos meses no hay una solución legal «tendremos que cerrar».

«Difícil legalmente»

«No sé lo que vamos a hacer con los barcos y motos de agua, llevarlos a la puerta del Ayuntamiento», ironizó el empresario, propietario de un taller mecánico y de una firma de fabricación de guacamole, AvosNerja. Por su parte, el concejal de Urbanismo, José María Rivas (PSOE), admitió que se trata de «un asunto complicado y con una difícil solución desde el punto de vista legal y urbanístico».

«Estamos viendo las opciones, pero al tratarse de suelos rústicos de especial protección y situados en la zona de servidumbre marítima, es complicado poder otorgarles una licencia municipal, aunque sea en situación de precariedad, como hay otras en la franja posterior de la vega», matizó.