
Agustín Peláez
Viernes, 15 de enero 2016, 00:43
La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha iniciado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento sobre las obras encargadas por el anterior equipo de gobierno del PP a la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua, Aqualia, para incorporar agua de los pozos del Molino de las Monjas, no potabilizada, a la red de suministro humano del municipio. La formación política en la oposición municipal persigue que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades que se puedan derivar de esta actuación, en el supuesto de que exista alguna infracción.
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Según el portavoz de IU, Miguel Ángel Sánchez, que pidió ayer al Ayuntamiento las máxima colaboración en este asunto para facilitar la investigación incoada por la Fiscalía, el anterior regidor firmó el 9 de junio del pasado año una resolución por la que decidió incorporar a la red municipal las aguas de las captaciones del Molino Las Monjas, justo unos días antes de tomar posesión la nueva corporación, sin pasar por la planta potabilizadora a pesar de existir una tubería que conecta los pozos con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) realizada durante el decreto de sequía de 2008.
En su escrito de denuncia IU insiste en que a partir de que este recurso se incluya en la red se «estará suministrando agua no potable», ya que la intención es mezclar al 50% agua potable del embalse con la no potable de los pozos, una actuación que hará que Aqualia tenga un ahorro con respecto al agua en alta de La Viñuela que se estima en unos 200.000 euros al año, pero que no se sabe sobre quién va a revertir.
Según Sánchez, lo que quiere IU es que se aclare todo lo relacionado con esta actuación, ya no sólo con la forma en la que se ha ejecutado, sino también con el fondo, toda vez que conllevará incorporar agua no potable a la red desde el momento en que irá directamente a los depósitos de El Romeral y la Fortaleza sin pasar por la ETAP de El Trapiche.
IU señala en su denuncia que no ha existido en este tiempo ninguna situación de emergencia que justifique el uso de los recursos hídricos de estos pozos, pero a pesar de ello, el anterior equipo de gobierno decidió realizar una obra de nueva instalación de una tubería para conectar estos pozos con dos depósitos municipales. Los trabajos ascendieron a 1.193.000 euros y fueron ejecutados directamente por parte de la empresa Aqualia, «sin ningún procedimiento de contratación que se ajuste a la Ley y mediante un decreto de Alcaldía».
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