Presentan en el Parlamento el informe anual de 2022 del Consejo Audiovisual de Andalucía

Desde el CAA han destacado en una nota que los contenidos aportados en este informe anual «sirven para poner en valor la utilidad» de esta institución de autogobierno recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el artículo 131 de su Título VI.

Aunque la composición del Consejo Audiovisual se renovó en octubre, cuando Domi del Postigo fue nombrado presidente de este órgano tras su elección junto a otros ocho consejeros en el Pleno del Parlamento, no ha sido ésta la principal novedad del pasado año «en la relación entre la ciudadanía y los micrófonos, las pantallas y el entorno digital», sino la entrada en vigor de la Ley 13/2022 de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado audiovisual.

Así lo han puesto de relieve desde el propio CAA, que forma parte del Grupo de Autoridades de Supervisión para los servicios de Comunicación Audiovisual, según se contempla en la Disposición Adicional Segunda de la LGCA.

Como autoridad audiovisual andaluza, el CAA está aportando su experiencia documentada de más de 15 años de funcionamiento para «ponerla al servicio del resto de autoridades reguladoras y encarar estos nuevos retos».

En paralelo a la detección y denuncia de los «riesgos» de Internet, el CAA ha entendido que «la vacuna para afrontar esos riesgos, mientras la tecnología al servicio de la ley no actúa, es la alfabetización audiovisual de la población, haciendo un mayor hincapié en los menores y los mayores».

El fin último es «conseguir, a manera de vacuna frente al riesgo, que estos desarrollen capacidad crítica, informada y reflexiva para enfrentar los contenidos a los que tienen acceso». Al tratarse de colectivos «tan lejanos generacionalmente», el CAA puso en marcha iniciativas «segmentadas».

En este «gran objetivo» que por ley tiene marcado este órgano de defender a los menores en el ámbito audiovisual, el CAA ha detectado en sus informes el «gran problema del fácil acceso que los menores tienen a contenidos pornográficos, sin que los prestadores pongan mayores trabas que una simple pregunta sobre la mayoría de edad, y no siempre».

Ello dio lugar a la aprobación de la Decisión 5/2022 sobre la protección de los menores frente a los contenidos pornográficos en Internet.

El CAA desplegó durante 2022 una serie de actividades «marcadas con un profundo sentido de servicio público, tendentes a concienciar a las autoridades sobre este problema que, es cierto, encierra una gran complejidad».

El otro asunto que también se ha incluido en la nueva ley de Comunicación es el de la regulación de los llamados 'influencers' y 'vloggers', a los que en el citado texto se les denomina «usuarios de especial relevancia».