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Rafael Alcacer, en primer término, en la sesión de ayer el juicio del 'caso ERE'. :: efe
La defensa de Álvarez sostiene que no se ha acreditado que conociera «a quien gastaba y pagaba en ERE»

La defensa de Álvarez sostiene que no se ha acreditado que conociera «a quien gastaba y pagaba en ERE»

El letrado esgrime que la exconsejera dejó su cargo un año antes de que Intervención alertara de irregularidades en IFA/Idea

EUROPA PRESS

SEVILLA.

Martes, 20 de noviembre 2018, 00:06

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El abogado Rafael Alcácer, que ejerce la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez en el juicio del 'caso ERE' aseguró ayer que las acusaciones «no han acreditado prueba o elemento probatorio» que permita afirmar que su defendida tuvo conocimiento del modelo de gestión de las ayudas investigadas, «ni quién gastaba ni quién pagaba». Alcácer sostuvo en su informe final que «no hay datos» que acredite que Magdalena Álvarez conoció el modelo de gestión, es decir, que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), pagaba con fondos del 31L allegados al ente público a través de transferencias de financiación.

Se trata de un modelo, según recordó Alcácer, que para la acusación determina «el uso inadecuado de las transferencias de financiación y la falta de fiscalización previa de las ayudas, así como la omisión del procedimiento legalmente establecido». En este sentido, recordó que las acusaciones apuntan a que el Parlamento no pudo conocer el modelo de gestión de las ayudas «pese a toda la documentación que manejaban». «Cómo Magdalena Álvarez pudo conocer algo que no pudieron hacer los parlamentarios y si éstos cayeron en el error de pensar que IFA/IDEA concedía y pagaba, por qué no pudo hacerlo la exconsejera. Qué fuente de información adicional tuvo Álvarez que no tuvo el Parlamento», se preguntó Alcácer. Descartada la «confabulación previa» de todos los acusados para poner en marcha el sistema de concesión y pago de las ayudas, «no hay base para acreditar que Magdalena Álvarez dispuso de información sobre el modelo de gestión. Más bien al contrario, según el abogado, «la Consejería de Hacienda disponía de menos información que el Parlamento» relativa a la documentación de los presupuestos de la Junta para conocer el modelo de gestión de las ayudas porque «no tenía acceso a la cuenta general ni al debate de las enmiendas presupuestarias, que sí conocía el Parlamento».

Otras de las cuestiones abordadas por el abogado de Magdalena Álvarez es el supuesto conocimiento de ésta de las irregularidades en la concesión de las ayudas recogidas en los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA elaborados por la Intervención General, de los que «no puede concluirse el conocimiento» de la exconsejera. Ha añadido a este respecto que es «obvio» que «no pudo conocer» el informe adicional al de cumplimiento de Control Financiero Permanente del ejercicio 2003, donde se recogían una serie de irregularidades y deficiencias en las ayudas, que se conoció en julio de 2005 y Álvarez dejó de ser consejera en febrero de 2004.

De otro lado y frente a las tesis de la Fiscalía de que el Consejo de Gobierno conocía el sistema de ayudas porque las crisis empresariales de la época eran conocidas públicamente y decisiones de «calado político» y por los Acuerdos de Concertación Social, Alcácer señaló que si tan relevantes eran las crisis y el sistema de ayudas es «contradictorio» afirmar que el Parlamento «no pudo conocer el sistema». Alcácer concluyó que las modificaciones presupuestarias aprobadas y que las acusaciones son atribuibles a Magdalena Álvarez cumplían todos los requisitos y trámites exigibles.

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