Aprobado un texto que pide más castigo a la ocupación de viviendas
SUR
SEVILLA.
Sábado, 15 de octubre 2022, 00:00
El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó ayer una Proposición no de Ley (PNL) del PP-A con la que reclama a la Junta de Andalucía para que, a su vez, plantee al Gobierno a que «proceda con carácter urgente» a «modificar los artículos 245 y 269» del Código Penal con la pretensión de «endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias», por lo que propone «recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre tres y cinco años».
La iniciativa del PP ha contado con el apoyo de Vox para sumar 70 votos favorables y con el rechazo de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La siguiente demanda del PP en su iniciativa parlamentaria se dirige a propiciar la modificación de la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que «se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas» y puedan «iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».
Nuevas medidas procesales
La tercera petición del PP es la inclusión de «nuevas medidas procesales» en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para buscar una mejora de «la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble», de manera que se propicie «recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento».
El PP reclama en este punto que se pueda «proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía».
La cuarta petición de la PNL del PP se encamina es crear un nuevo apartado en el articulado de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local de manera que se pueda «evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal», bajo la definición que hace de esta figura en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
En este punto los populares reclaman que «esta inscripción se considere nula», así como que «no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho», por lo que propone que «los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento».
La última demanda del PP apunta a pedir el cambio de la legislación tributaria para «la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas».
En la exposición de motivos de la iniciativa el PP argumenta que «en los últimos años ha aumentado considerablemente el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España».
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