La ampliación de los regadíos en Doñana aviva el debate sobre su equilibrio hídrico y sostenibilidad

La iniciativa parlamentaria ha avivado el debate sobre el delicado equilibrio hídrico y la conservación y sostenibilidad futura de esta joya natural declarada Patrimonio de la Humanidad, desatando posturas encontradas entre el sector agrícola y las organizaciones ecologistas. Los nuevos regantes consideran que se atiende a una reivindicación histórica mientras que los conservacionistas alertan del grave peligro que esa ampliación de los regadíos supone para el espacio natural.

La proposición de ley facilitará, en un año electoral, la regularización de estas 1.460 hectáreas que se están regando sin calificar actualmente, lo que está provocando que numerosos propietarios tengan que solicitar permisos de riego a la Administración del Estado que son imposibles por la situación de sobreexplotación que sufre el acuífero de Doñana y el alto coste del trasvase de aguas a otras cuencas. Y todo ello con los ojos vigilantes de los organismos internacionales que velan por Doñana y su conservación puestos en la gestión de este espacio natural y, particularmente, de sus recursos hídricos.

La situación del acuífero es límite y ya fue declarado sobreexplotado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

El representante de Ecologistas en Acción y presidente de la plataforma Salvemos Doñana, Juan Romero, manifestó a este diario que esta iniciativa parlamentaria «beneficiará a la agricultura ilegal y fomentará el regadío intensivo en detrimento de un desarrollo y una economía sostenibles, así como de la calidad del acuífero y la conservación del espacio natural, que es rehén de la agricultura», advirtió.

A su juicio, «esto supone dar una amnistía y legalizar fincas agrícolas que detraen agua sin autorización». Además, Romero alertó de que «no habrá agua para que puedan regar todas sus fincas legalizadas, lo que pondrá en riesgo los grandes valores de los ecosistemas de humedales y forestales de Doñana, un espacio natural de gran proyección internacional que se está poniendo en cuestión.

De hecho, la Unesco ya ha advertido en diversas ocasiones a los gobiernos de España y Andalucía por la situación de los recursos hídricos de este espacio natural e incluso el Tribunal de Justicia Europeo falló en 2021 que se está incumpliendo el Derecho Comunitario, en particular la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats.

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Romualdo Macías, apoyó la iniciativa parlamentaria ya que «salvará tierras agrícolas dedicadas históricamente al cultivo de los frutos rojos en esta zona de Doñana».

El representante de los agricultores aseguró que «no se trata de una amnistía, en la que todo vale, sino que estamos recuperando esos derechos históricos sobre nuestras explotaciones, por lo que hemos recibido autorizaciones de riego, subvenciones y ayudas para proyectos de regadío e incluso se ha abonado el pago por canon agrícola».

Los agricultores de Doñana son conscientes de la situación hídrica del parque y también de la necesidad de respetar el medio ambiente, que consideran compatible con la agricultura. Para evitar el impacto en el acuífero de Doñana en su explotación exigen más recursos hídricos externos de aguas superficiales a través de la ejecución del largamente reivindicado trasvase desde la cuenca del Tinto-Odiel y Piedras que, de momento, no se ha impulsado todavía pese a estar planteado su proyecto desde 2018. Asimismo, reclaman también el trasvase de agua desde la presa de Alcolea.