Teodoro Montes: «La formación fue el negocio del siglo»

Los cursos de formación han sido el «negocio del siglo» para la Junta de Andalucía, que ha sacado «pingües beneficios de influencia, de poder, de relaciones y de todo tipo». El funcionario Teodoro Motes aseguró ante la comisión de investigación del Parlamento autonómico que «no solo ha habido lucro para las empresas, que está claro que si» y apuntó a una «red clientelar» en la que también incluyó a empresarios y sindicatos.

Teodoro Montes, que por haber sido declarado testigo protegido por la jueza Alaya no fue enfocado por las cámaras del servicio de televisión del Parlamento, es pieza clave en la causa de los cursos de formación instruida en el juzgado número 6 de Sevilla. Su declaración en 2013 ante la Guardia Civil, y un año después ante la magistrada, dio lugar la investigación, en principio ligada al caso de los ERE.

Montes, jefe del departamento de Gestión Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, suspendió su comparecencia en la comisión el pasado día 22, cuando tuvo que ser trasladado en una ambulancia desde el Parlamento a un centro sanitario por sentirse indispuesto.

Ayer al fin pudo oírsele en el Parlamento, donde se sometió durante más de tres horas a las preguntas de los grupos parlamentarios y desgranó sus acusaciones hacia la Junta: «Entiendo que hay un Gobierno que ha planificado, que ha marcado directrices en la pirámide de poder. Además, el número de técnicos para controlar no es adecuado y los superiores se prestan a cosas y ponen un velo difuso», declaró.

Montes comenzó con una declaración inicial en la que se presentó como víctima de acoso laboral, con condena en firme hacia la Junta de Andalucía, por haber denunciado las irregularidades.

Aseguró que hubo «trato de favor» en la adjudicación y gestión de los cursos de formación a la CEA y a los sindicatos UGT y CCOO, incluso una «red clientelar» de entidades asociadas a los empresarios.

«Llegó a ser un negocio tan lucrativo, agregó, que en 2010 hubo tal avalancha de peticiones de homologación que el departamento no tenía capacidad para gestionarlas» y la sustituyó por declaraciones juradas.

El funcionario, que llegó a ser detenido en julio pasado por a Policía y acusado de prevaricación fraude en subvenciones y falsedad documental, relató falta de controles, con abusos como certificar 75 mil kilos de carne para un curso de carniceros que solía utilizar 4.500 kilos; censuró como un «desastre y un caos» en el cambio de competencias de la formación de Educación a Empleo y aseguró que algunas entidades obtuvieron una «financiación abusiva y humillante». Entre ellas, las empresas de Ojeda, muchas de las cuales no fueron publicadas en el BOJA.

El representante socialista Rodrigo Sánchez le acusó de «faltar a la verdad» y anunció «comprobaciones» y responsabilidades.

La cuñada de Ojeda

Durante la jornada de ayer también intervino Teresa Florido, exdirectora general de Formación y del SAE y cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, que declaró ante la comisión que cuando llegó al cargo no sabía que éste se dedicaba a la formación. «Se lo puede creer o no, pero es así».

Florido, que contestó a todos grupos menos a las últimas preguntas de la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, recordó que se abstuvo en los expedientes que tuvieron relación con Ojeda.

La funcionaria, imputada en el presunto fraude, aseguró que nunca dio ni recibió ninguna orden para actuar vulnerando la legalidad vigente, y afirmó que en un caso en que se detectó una actuación irregular en un consorcio lo puso en conocimiento del entonces consejero, Manuel Recio, que le instó a denunciarlo «hoy mejor que mañana».

Florido dijo que puede haberse producido «irregularidades administrativas subsanables», como lo han declarado también los distintos interventores provinciales y califico de «alocada» la hipótesis de que muchos empleados de distintas administraciones «se pongan de acuerdo para delinquir», y pidió a la comisión que a la hora de emitir su dictamen piense en el respeto a los derechos fundamentales de muchos que están siendo injustamente tratados y sometidos a un doloroso trato, aludiendo a una «campaña de difamación del PP»» y advirtiendo que se reserva las acciones legales pertinentes.

Por otra parte, la comisión aprobó levar a Fiscalía al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, que abandonó la sesión sin escuchar las preguntas de los grupos con la oposición del PSOE.