José Jesús Domínguez Palma, presidente de la Mancomunidad oriental: «La Junta y los ayuntamientos han fallado con el urbanismo de la Axarquía».

José Jesús Domínguez Palma es presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía desde 2004, organismo en el que ha logrado integrar bajo su mandato a la totalidad de los pueblos de la comarca. Una de sus últimas iniciativas ha consistido en impulsar la Mesa por el Urbanismo de la Axarquía, a la que se refiere como un foro de reflexión ante la problemática urbanística. Para Domínguez, lo ocurrido en la comarca con el urbanismo tiene su origen en la indefinición de la normativa andaluza, la falta de planeamiento en muchos pueblos y una inspección absolutamente ineficaz por parte de los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía.

Hablar del urbanismo de la Axarquía se asocia a la existencia de más de 10.000 viviendas ilegales y un desarrollismo que ha plagado de casas y construcciones el paisaje de la comarca. ¿Está usted de acuerdo con esta visión?

En absoluto, porque no se corresponde con la realidad. La Axarquía, como otras comarcas de Andalucía, la costa occidental de Málaga, el cinturón metropolitano de Sevilla, Chiclana en Cádiz o la comarca del Almanzora en Almería, son buenos ejemplos de ello; ha sufrido un 'boom' urbanístico innegable durante varios años y, efectivamente, hay viviendas fuera de ordenación, pero ni el problema es exclusivo de la Axarquía ni todas las viviendas son ilegales.

Dice que la situación de la Axarquía no es diferente a la de otros lugares de Andalucía, ¿cree que se está sobredimensionando el problema del urbanismo en la comarca?

Sinceramente, creo que tenemos un problema muy serio, negarlo sería una estupidez, pero amplificarlo sería igualmente una torpeza. Creo que entre todos tenemos que ayudar a resolverlo y eso se hace con trabajo, que la mayoría de las veces se lleva a cabo de manera discreta.

¿Qué tiene de particular el caso de la Axarquía que no tengan otras zonas de la comunidad autónoma?

Desde el punto de vista del cumplimiento de la Ley ninguna, pero es innegable que el territorio de la Axarquía, con una orografía eminentemente accidentada, un minifundismo ancestral y una economía que desde hace años no se sustenta en la agricultura, tiene peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta. Yo creo que nadie puede ni debe pedir que se nos trate de forma diferente, pero es innegable que nuestro desarrollo depende de sectores en crisis, que requieren un fuerte apoyo de las administraciones.

¿Piensa que los alcaldes se han arriesgado demasiado concediendo licencias en suelos no urbanizables sabiendo que la Junta de Andalucía no respaldaba tales decisiones?

No creo que los alcaldes hayan concedido licencias al margen de la voluntad de sus corporaciones, y eso no supone ningún riesgo. Es posible que alguno haya podido cometer algún error, pero no me imagino a un alcalde planteando conscientemente una licencia en contra de la Ley. Otra cosa es la opinión de la Junta de Andalucía, que hay que respetar de la misma manera que desde los ayuntamientos hay que pedir a la Junta respeto por las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus competencias.

¿Qué es lo que ha fallado en el proceso?

Sin duda una normativa poco clara o mas bien en permanente cambio desde 2002. Por un lado LOUA, POTA, POTAX, Ley del Suelo Estatal... Por otro, la ausencia de planeamientos municipales. Unos municipios no tienen PGOU, otros lo tienen obsoleto y la mayoría, por no decir todos, en revisión. Además pocos medios para abordar una inspección eficaz y rápida por parte de las corporaciones y de la Junta de Andalucía para parar las construcciones ilegales. Una casa no se levanta de la noche a la mañana, a veces pasan años. ¿Nadie las ve hasta que no viven en ellas las familias que ahora tienen el problema sobre sus espaldas?

¿Ha reaccionado la Junta de Andalucía demasiado tarde ante el problema del urbanismo en la Axarquía?

En estos momentos eso es una discusión estéril, lo que tenemos que hacer es resolver el problema. Por mi parte, no entraré en buscar responsables y caer en el «y tú más».

De todos modos, si tuviera que repartir la responsabilidad, ¿Qué grado atribuiría a los ayuntamientos y cuál a la Junta.

Le repito lo mismo. Yo no voy a señalar a nadie. Todos mis esfuerzos y creo que los de Mancomunidad se volcarán en hacer propuestas constructivas desde el espíritu en el que se creó la Mesa.

Recientemente la Diputación Provincial acordaba por unanimidad pedir el desarrollo reglamentario de la LOUA para dejar claro qué se puede hacer en el suelo no urbanizable. ¿Está de acuerdo con esta postura?

Totalmente de acuerdo, ya decía antes que entre las cosas que han fallado clamorosamente está la indefinición normativa.

Competencias

¿Piensa, como piden algunos colectivos, que habría que retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos de la Axarquía?

Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero esto está fuera de la realidad totalmente.

Hay quienes opinan que el desarrollo reglamentario puede ayudar a regularizar buena parte de las viviendas que están fuera de ordenación, ¿lo cree posible?

Esto hay que matizarlo. De las viviendas que ahora hay en el no urbanizable, muchas estaban construidas antes de la LOUA, otras han prescrito y algunas podrán ser legalizadas con instrumentos jurídicos como el reglamento al que se refiere; sin embargo, junto a esta realidad también hay que señalar que hay otras en zonas protegidas, vías pecuarias, ramblas de arroyos, etc. que de ninguna manera podrán ser legalizadas, y por consiguiente, se les aplicará la legislación vigente. Así que nadie espere el Reglamento como un 'bálsamo de fierabrás' para todo, por que no será así.

¿Es de los que se quejan de que el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía y la LOUA no permite a los ayuntamiento del interior el más mínimo desarrollo?

No, yo creo que la ley y las normas están para cumplirlas, pero varios años después de la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía muchos responsables públicos echamos en falta inversiones en la comarca que permita a sus pueblos un desarrollo razonable y la permanencia de sus vecinos en los mismos.

Como presidente de la Mancomunidad de Municipios ha promovido la creación de una Mesa de Trabajo por el Urbanismo que tiene entre sus objetivos exigir la modificación de la LOUA. ¿Se sitúa así al lado de los alcaldes?

Yo no promoví la creación de la Mesa, el acuerdo fue adoptado por unanimidad del pleno de la Mancomunidad, y como he repetido en varias ocasiones, tomamos el testigo de la Diputación que ya había planteado algo parecido un año antes. Tampoco es cierto que el objetivo de la Mesa sea la modificación de la LOUA. Se constituye como foro de reflexión ante la problemática urbanística y para aportar en positivo todas aquellas ideas que puedan ayudar a resolver el problema.

Sin embargo, el acuerdo de constitución de la Mesa recoge que uno de sus objetivos es pedir la modificación de la legislación urbanística.

Bien, pero lo que se pretende es abrir cauces directos de diálogo y entendimiento, y buscar soluciones factibles y aplicables con el objetivo de solucionar esta situación de desajuste urbanístico, normativo y legal, y en eso estamos.

La Junta ha dicho claramente que la LOUA no se modifica, y además ha advertido a los alcaldes de que asumirá la elaboración de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de 16 municipios. ¿Sigue teniendo sentido la Mesa del Urbanismo?

Ya he mencionado los objetivos que nos marcamos, que no son incompatibles con cambiar o no la ley, que será una decisión del Parlamento. En cuanto a que la Junta vaya a redactar los planes generales de los municipios es una magnifica noticia. Se da la circunstancia que los 16 tienen comenzados esos trabajos en algunos casos desde hace años, estando a la espera muchos de ellos de informes preceptivos de la propia Junta; así que los alcaldes deben estar encantados.

El presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, dice que en muchos casos el motivo por el que los alcaldes están inmersos en procesos judiciales por asuntos urbanísticos no se debe a su mala fe, sino a la falta de medios para aplicar lo establecido en la ley. ¿Comparte está opinión?

Totalmente, la ley regulaba la materia, pero son los ayuntamientos los que deben aplicarla en sus territorios. ¿Puede alguien imaginar cómo en un pueblo pequeño sin un solo policía ni soporte técnico ni jurídico se puede exigir un nivel de cumplimiento mínimamente riguroso? Pues a ese problema se enfrentan cada día muchos alcaldes de la Axarquía y de toda Andalucía.

Los alcaldes piden que los delitos urbanísticos se vean por la vía del Contencioso Administrativa y no por lo Penal. ¿De qué lado está usted?

Estoy del lado de la ley y del sentido común que debe guiar su aplicación.

¿Cree que los alcaldes se preocupan sólo de su futuro cuando piden que este tipo de asuntos no se vean por lo penal?

No, en absoluto. Reducir el debate a decir que los alcaldes se preocupan sólo de su futuro es totalmente falso. Y si no, que se lo pregunten a los cientos de vecinos de los diferentes municipios que empiezan a desfilar por los juzgados acusados de delitos contra la ordenación del territorio, en algunos casos ya con sentencias de cárcel y demolición de sus viviendas. Estamos ante un problema muy grave, porque los alcaldes no son más que la punta del iceberg, en todo caso objetos de atención mediática, pero para nada son el principal problema.

¿Le sorprende que todos los mandatarios de la comarca se hayan rebelado contra la Junta por lo que está pasando con el urbanismo?

No me imagino a la Junta de Andalucía queriendo fastidiar a nadie. Lo que pasa es que lo que ocurrió en Marbella nos ha estigmatizado a todos. Puede incluso que cuando se promulgó la LOUA eso se tuviera muy en cuenta. No sé cuántas viviendas ilegales hay en Marbella, pero lo que se hizo fue construir en equipamientos públicos, zonas verdes, espacios protegidos..., en suelo urbano. Eso no es delito contra la ordenación del territorio. Habrá otros delitos, pero no contra la ordenación del territorio. Este delito se tipifica para los suelos no urbanizables, que es lo que ha sucedido en la Axarquía.

¿Este es el verdadero problema de la comarca?

No. Es el problema de toda Andalucía. Lo que pasó en Marbella fue una salvajada, una chorizada y una locura, pero ocurrió en suelo urbano. Mucha gente se habrá enriquecido hasta la saciedad, pero estamos hablando de suelo urbano. Aquí, en la Axarquía, no se ha hecho eso. El delito que se ha cometido es que se ha plagado el campo de viviendas y eso va contra la ordenación del territorio. Y yo me pregunto qué delito es mayor: que te hagas en una parcela de cinco o diez mil metros en el campo una casa o que te hagas un ático en tu vivienda en suelo urbano sin licencia. En este último caso tendrá una sanción o lo que sea, pero no se cometerá delito contra la ordenación del territorio, en cambio en el no urbanizable sí. Es muy complicado.

¿Por qué le preocupa más lo que está sucediendo con los propietarios de las casas?

Creo que ese es el principal problema y la asignatura que debemos resolver entre todos. En la medida que desde la Mancomunidad podamos ayudar estaremos cumpliendo con nuestra función.

La Asociación Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía, que agrupa a residentes extranjeros, ha pedido la amnistía urbanística porque temen la demolición de sus viviendas. ¿Qué piensa hacer desde la Mancomunidad a este respecto?

No es esa una cuestión sobre la que podamos intervenir, es más, no sé qué es eso de la amnistía y no me gusta. No es lo que hay que pedir, sino la claridad de las normas y su cumplimiento.

Usted ha manifestado que las leyes, incluida la LOUA, deben estar para resolver los problemas de la personas, no para complicársela. ¿Sigue pensando lo mismo?

Por supuesto. Si se promulga una ley y la complica la vida a la gente, está claro que debe tener algo que falla. El urbanismo hay que regularlo, pero si al final una norma lo que hace es complicarlo todo, habrá que ver qué está sucediendo. Pienso que hay que regular, pero sin que la gente pase lo que está pasando, porque insisto, detrás de las imputaciones a alcaldes y concejales está el verdadero problema, que son las personas anónimas que están desfilando por los juzgados.