Cuando el agua queda lejos

Algo tan normal como es abrir un grifo y que salga agua potable por él es algo imposible para un reducido grupo de malagueños. Un lujo. Llevan más de 30 años esperando a que las administraciones públicas se pongan de acuerdo y hagan las conexiones necesarias para disfrutar de un servicio que es imprescindible en el siglo XXI.

Los afectados viven en diseminados y 'cortijás' situados entre Puerto de la Torre y la linde con el municipio de Almogía, cerca de la margen izquierda del río Campanillas. Llano Persona, Casablanca, Los López, Los Lagos, Matagatos, Farfulla, La Ventilla, Torrequemada, Lo Benítez, Santo Poco, Arroyo de León y Casilla de Camineros son algunos de estos núcleos históricos adonde la modernidad aún no ha llegado. Para defender mejor sus intereses se han agrupado en una asociación que de momento se llama Rivera de los Montes, y que está presidida por el aparejador Juan Manuel del Pozo Torres, vecino del lugar.

Sin embargo, estas 210 familias aspiran a vivir como el resto de los malagueños, con los servicios mínimos que les permitan una mejor calidad de vida. De ahí que abracen con alegría el proyecto de la Junta de Andalucía de abastecimiento de agua potable entre Málaga y Almogía, pero esta actuación acumula ya cinco años de retraso.

Mientras los políticos de uno y otro signo se ponen de acuerdo, los vecinos tienen que ir a 44 kilómetros a por el agua potable, concretamente al nacimiento de la Villa, en Antequera. Otros recurren a cubas -entre 8.000 y 10.000 litros-, que les cuestan 70 euros si es a pie de carretera o 90 euros si el camión se tiene que adentrar por algún carril. Además, la calidad de ese agua para beber deja mucho que desear.

La ilusión de un grifo

Ana Infante Toribio tiene acumuladas en una habitación decenas de garrafas de cinco litros con agua recogida en una fuente pública «para beber y hacer de comer». Sus ojos se iluminan ante la posibilidad de que su casa tuviera un grifo por el que saliera agua potable. Lleva toda su vida acarreando garrafas de un lado a otro. Y no sabe por cuanto tiempo más.

Curiosamente, a escasos metros se encuentra la presa de Casasola cuya misión es la de retener el agua que discurre por el río Campanillas. Las buenas relaciones que mantienen los vecinos con la Cuenca Mediterránea contribuyen a que el embalse suelte agua una vez al mes y aporte un caudal a cielo abierto para regadíos y otras necesidades de los habitantes de los diseminados. Pero es agua que no puede emplearse para la comida o para beber. No obstante, aprovechan el aporte y con motores eléctricos impulsan el agua a través de mangueras hasta los aljibes que tienen en sus parcelas.

«La iniciativa de llevar agua potable a la zona parte de los años 70, en los que se hicieron los primeros proyectos. Luego se continuaron las gestiones en los años 80. En los años 90 se pudo obtener una subvención por un Decreto Sequía para crear puntos de agua para ganaderos. La Asociación acudió a tiempo y en plazo con la presentación del proyecto, pero se perdió el plazo de presentación por parte del Ayuntamiento, y de esta forma se esfumó una gran oportunidad para que el diseminado pudiera tener agua», narra Juan Manuel del Pozo.

La Gerencia Municipal de Urbanismo construyó en los años noventa un pozo, un aljibe y su correspondiente acometida, si bien esta obra nunca se puso en funcionamiento, principalmente porque la construcción del pantano de Casasola, aguas arriba, cortó el subálveo del río Campanillas, principal manantial subterráneo que surtía al pozo.

Los afectados continuaron con sus gestiones y presentaron un plan de emergencia al decreto de sequía, y así pudieron informarse de que había un proyecto de conducción de agua de Málaga a Almogía, redactado por la Junta de Andalucía en 2003, del que ellos podrían beneficiarse mediante un ramal ya construido.

Problema urbanístico

Esta conducción subterránea partiría desde Puerto de la Torre y a través del lecho del río llegaría hasta Almogía. La distancia hasta la ubicación de los diseminados es de unos 6 kilómetros. Los vecinos están dispuestos a afrontar el coste que suponga la construcción de los ramales desde la tubería general de agua potable hasta sus casas.

Algo que podría ser fácil, diversas cuestiones lo complican. Para la puesta en práctica de este proyecto de la Junta es necesario un convenio entre Emasa y el Ayuntamiento de Almogía, acuerdo que se está negociando desde hace años y que no termina de cerrarse.

Al problema del agua se suma otro, el urbanístico. Los vecinos se llevaron la desagradable sorpresa de que desaparecían del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) como diseminado. Eso significa que se perdía la posibilidad de abastecerse de agua potable o de otro tipo de servicios. Sin embargo, en agosto del pasado año volvieron a abrigar esperanzas al volver a estar vigente el Plan del año 1997.

Con un grupo de estudiantes de Arquitectura e Ingeniería realizaron un estudio previo del Plan Especial del Diseminado. Con diez planos y la memoria descriptiva bajo el brazo visitaron la Delegación del Gobierno andaluz, la Cuenca Mediterránea, Emasa, la Delegación de Agricultura de la Junta, la Gerencia Municipal de Urbanismo, la Junta de Distrito del Puerto de la Torre y el Ayuntamiento de Almogía. «Nos reciben estupendamente y tenemos con todos ellos excelentes relaciones, pero, entre unos y otros, el agua sin llegar», señala el presidente de la asociación de vecinos.

Reticencia de la Junta

El Plan del 97 contempla construcciones en diseminados y en fincas superiores a 200.000 metros cuadrados mediante presentación de planes especiales, pero la Junta echó para atrás esa iniciativa. Hay reticencia por parte de las Administraciones a autorizar construcciones en los diseminados. Es más, detrás de estos núcleos está el fantasma de la autoconstrucción y las parcelaciones ilegales.

«Queremos que se sepa a los cuatro vientos que no se trata de una urbanización clandestina. En los últimos diez años se han construido tres viviendas con su correspondiente licencia municipal de obras. Es necesario encontrar una fórmula para ampliar el diseminado y que todos los caseríos y pequeñas fincas que lo forman puedan tener agua», afirma Juan Manuel del Pozo.

La prueba más fehaciente de que los diseminados de Rivera de los Montes no son una barriada de autoconstrucción es ojear los nombres de los titulares de las propiedades. Casi todos están emparentados y abundan los apellidos Estebanez, Ruiz, Martos, Moya, Martín, Vergara, Olmedo, Morales y Torres, entre otros. La propiedad ha sido transmitida de padres a hijos.

«Yo tengo 74 años y aquí vivió mi bisabuelo en el siglo XIX», comenta Juan Ruiz Antúnez, que habita con su esposa en Llano Persona. En su finquita hay espacio para que su único hijo se construya «una casita junto a la nuestra», pero la ley se lo impide. Su hijo se ha tenido que hipotecar para comprarse una vivienda en Puerto de la Torre, para estar más cerca de sus padres. «Fíjese lo bien que podríamos estar nosotros aquí cuidando a los nietos mientras mi hijo trabaja», agrega Juan Ruiz.

Rafael Moya Fernández, de 73 años, vive en una casa en Matagatos. Es otro hombre del lugar de toda la vida. «Hemos nacido aquí como los conejos, y aquí vamos a morir», sentencia. «Yo no comprendo. Los de allí enfrente, ¿no son malagueños, andaluces, como nosotros?, ¿por qué a nosotros se nos discrimina?», se pregunta Rafael Moya.

«Los de allí enfrente» son sus vecinos de Almogía, distantes a pocos metros, que viven al igual que ellos en diseminados. Sin embargo, gozan de licencias municipales para construir grandes casas, tienen carriles asfaltados y disponen de los servicios básicos de alumbrado, agua y saneamiento. No comprenden cómo puede existir este desequilibrio en tan pocos metros. Estas personas habitan estos diseminados desde antes de que existieran las leyes urbanísticas.

Optimismo

El presidente de la Asociación de Vecinos, optimista en que todo se realizará en breve plazo, tiene la esperanza de que el último proyecto presentado al Plan Proteja pueda representar una subvención para la distribución de agua, a la que los vecinos pueden colaborar económicamente. Tienen también esperanza de que el diseminado pueda recogerse en el PGOU de 2008 y que el agua pueda llegar a los vecinos. Del Pozo apuesta por un desarrollo sostenible y ordenado de esa zona de la ciudad, donde se siga desarrollando la actividad agrícola y ganadera, compartida con otros menesteres como puede ser la industria relacionada con el campo o el turismo», concluyó el representante vecinal.