Un tributo injusto

EL IBI, o lo que muchas personas, sobre todo mayores, siguen llamando contribución, es un impuesto real que grava los bienes inmuebles de la naturaleza que sean. Hace unos días nos adelantaba SUR que se van a revisar los valores catastrales de los inmuebles y que eso puede suponer un aumento en algunos casos de hasta el 132% del IBI. Pero no se entiende la falta de sensibilidad de los políticos de turno que aun a sabiendas de la crisis económica y social que se está cerniendo sobre nuestras cabezas no son capaces de moderar los instintos fiscales de recaudación.

Si bien se mira, este impuesto no sólo no debería subir en tiempos de crisis económica como en la que nos encontramos inmersos, sino que más bien debería bajar, dado que el valor de la vivienda tanto de la nueva como de la usada está en caída libre y como se sabe el IBI se origina en una relación de proporcionalidad entre el valor de los inmuebles y un porcentaje de fiscalidad que se aplica a ese valor que se llama catastral por estar recogido en un catastro o censo que se actualiza periódicamente.

Pero al igual que suben o bajan los intereses, el petróleo o los ordenadores, no se puede presuponer de antemano que el valor de la vivienda es un valor seguro que va a subir irremediablemente con el paso del tiempo y que periódicamente hay que hacer una revisión al alza de ese hipotético 'valor' que se le asigna a esos bienes tanto de naturaleza rústica como urbana, ya que el devenir histórico -con todos sus avatares propios de guerras, inundaciones, catástrofes o crisis financieras, entre otras- demuestra que no se puede garantizar la escalada in crescendo del reseñado valor de los inmuebles, máxime cuando hay periodos como el que nos sostiene actualmente que nos hacen un poquito más pobres por la depreciación real de ese continente inmobiliario.

Pero es que además, bien mirado, este impuesto puede devenir injusto por varias razones: primero, porque no existe una contraprestación real por parte de la Administración local que justifique su pago como ocurre con el saneamiento, la depuración de aguas o el propio impuesto de circulación de los vehículos a motor, por ejemplo. Segundo, porque según el artículo 47 de la Constitución tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada y eso implica un esfuerzo enorme por adquirirla en los tiempos que corren hasta el punto de que una gran mayoría de jóvenes actualmente no pueden disfrutar de ese derecho constitucional. Y si además de que otra gran mayoría estamos hipotecados hasta las trancas intentando hacer efectivo este derecho, se nos grava con un impuesto como el IBI -que se intenta 'actualizar' cada vez que se puede para llenar las arcas municipales- la cuestión se vuelve de una injusticia tremenda debido a que gracias a esa presión fiscal se financian operaciones como la remodelación del Parque de Málaga que ha costado 12 millones de euros (unos 2000 millones de pesetas) o el 'abono', el primer día de la feria de hace dos años, de 800,000 euros (unos 135 millones de pesetas) por la actuación de dos famosos como Enrique Iglesias y Paulina Rubio, cuando todos vamos a la cuarta pregunta.

Ya pagamos suficientes impuestos, tributos y tasas por todos los conceptos por los que recibimos una contraprestación para que encima tengamos que pagar por tener una vivienda en propiedad, que constituye nuestra residencia habitual y además es una necesidad perentoria, máxime cuando es un derecho constitucional que, por desgracia, muchos jóvenes no pueden ni ejercer. Pero ojo, no abogo por su supresión. Entiendo que sería justo que el IBI lo abonaran los propietarios de más de un inmueble, gravando así la propiedad y el patrimonio de aquellos que tienen más de una vivienda o inmueble y se están lucrando por ello, además de que sería un impuesto progresivo porque se cobraría a quien más tiene.

Pero cobrarlo a los que sólo tenemos una vivienda, que además de ser un derecho constitucional es una necesidad vital, y además estar pensando continuamente en subirlo con la excusa de adaptarlo a no sé qué revisiones de valor que unos técnicos municipales estipulan a instancias de sus mandantes, puede resultar no sólo injusto, como digo, sino además abusivo.