La APDH denuncia que el caso de Xavi no constituye un supuesto aislado

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció ayer en un comunicado que el caso del pequeño Xavier, el pequeño nacido en España de padres colombianos cuyo padre fue expulsado, no es un caso aislado. Asimismo, el colectivo sostiene además que la Subdelegación del Gobierno «impone criterios que vulneran los principios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la protección de los menores de nacionalidad española».

La APDHA se reafirmó en la denuncia realizada hace dos semanas en relación con el caso del pequeño Xavier y la práctica de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz «de expulsar a padres de menores de nacionalidad española, algo que está expresamente prohibido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Requisitos cumplidos

La APDHA quiere poner en conocimiento de la opinión pública el caso de Edgar, el padre de la pequeña Jhenny, contra el que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz dictó una orden de expulsión a pesar de que el informe policial recomendaba que no fuera expulsado por ser progenitor de una menor de nacionalidad española.

El instructor policial del procedimiento en el informe de 27 de abril - adjunto a la nota de prensa remitida a los medios- afirmó que sería improcedente expulsar a esta persona por tener una hija española.

Sin embargo, la Subdelegación, en la resolución de 7 de septiembre ignoró esta recomendación y decretó la expulsión de Edgar. En el caso de Edgar, dice la APDHA, no se ha producido la expulsión ya que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz la ha suspendido con base en el arraigo familiar que tiene Edgar porque su hija es española. Para los denunciantes, «es evidente que cuando se acude a la Justicia los tribunales corrigen la posición de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ya que ésta vulnera los propios fundamentales de protección a los menores». «No obstante», prosiguen, «resulta vejatorio obligar a personas que, habitualmente, carecen de recursos económicos y de conocimientos legales a plantarse a los Tribunales para reconocer un derecho que debería reconocer la Administración de oficio.

La sociación apunta que mientras que la Justicia resuelve definitivamente, se impide a estas personas acceder al permiso de residencia y trabajo en España a pesar de cumplir con todos los requisitos y haberlo solicitado convenientemente, como ocurre con Edgar que tiene una oferta de trabajo y reside desde hace tres años.