La mayoría de los bares y discotecas aplican sin permiso administrativo el derecho de admisión

El episodio no es nuevo. Se viene repitiendo con frecuencia cada fin de semana en Marbella. Grupos de jóvenes que salen en busca de diversión y que ven interrumpida la fiesta justo cuando van a acceder al establecimiento destinado en principio a asegurarla, una discoteca o un bar de copa. La alegría sufre un imprevisto corte de digestión. Cada vez más los responsables de estos locales, o en su defecto su seguridad o los mismos porteros, esgrimen supuestos ilegales para restringir la entrada a potenciales clientes que, por cualquier razón, no les interesan. Sencillamente son motivos que no están contemplados en las condiciones específicas de uso que estos establecimientos pueden solicitar a la Junta de Andalucía a través del Ayuntamiento.

El derecho de admisión en bares y discotecas está regulado por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. El propietario del local interesado en ampararse en unas normas de acceso deberá recabar una autorización, expedida por el Ayuntamiento, en la que se enumeran las condiciones de uso y disfrute del mismo. Uno de los aspectos más reiterados en estas licencias es el de la indumentaria. La normativa permite establecer una etiqueta para acceder, siempre que se aplique por igual a todos los usuarios. Sin embargo, se prohíbe expresamente la exigencia de carnés de socio o una edad mínima superior a la fijada por la ley. No son pocos los locales que, con el objetivo de llenarse de una clientela selecta, exigen que el usuario sea mayor de 25 años.

En Marbella son muchos los bares y discotecas que últimamente están prohibiendo la entrada por algún supuesto ilegal. Sin embargo, desde el año 2003, fecha en la que entró en vigor el Reglamento General de Admisión de personas en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, la Junta de Andalucía ha emitido los preceptivos informes referidos a las condiciones específicas de admisión solicitadas por sólo cuatro locales. Algunas fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico coinciden en destacar que son muchos más los establecimientos que están impidiendo la entrada de gente sin causa justificada.

Estadísticas

La prueba de que está proliferando en Marbella este tipo de establecimientos que impiden la entrada sin estar autorizados se demuestra en las estadísticas. Desde 2005 hasta la fecha, según pudo conocer este periódico, la Junta de Andalucía ha incoado en Marbella tres expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa que regula el derecho de admisión. Uno de esos expedientes se ha archivado por falta de pruebas y tenía que ver con la negación de la entrada sin motivo justificado. Un segundo establecimiento está pendiente de la exposición de la multa por establecer condiciones de admisión prohibidas, mientras que sobre el propietario de un tercer local pesa una sanción de 300 euros por defender motivos prohibidos por la ley a la hora de impedir ese acceso. Desde la Junta recalcan que, en contra de lo que se viene comentando por parte de los consumidores, estudian con rigor los casos que conocen.

A pesar de que estas condiciones son conocidas por las asociaciones de consumidores y usuarios, la mayoría de los clientes, a la hora de ser rechazados, prefieren alejarse del establecimiento para evitar problemas. Así, según las fuentes consultadas, en 2007 la Junta de Andalucía sólo recibió seis reclamaciones de particulares por vulneración de este derecho en Marbella. Manuel Sánchez Vicioso, presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores Facua, celebra la desaparición del derecho de admisión antiguo, pero asegura que «se sigue impidiendo el paso de forma aleatoria».

Algunos empresarios consultados por este periódico, sin embargo, defienden el papel que les toca representar a los porteros que emiten ese mensaje de rechazo. De alguna manera, recuerdan, se están asegurando de que no haya problemas dentro del local gracias a su capacidad de disuasión. Justifican esta labor en que, según su versión, cada vez se producen menos peleas en los bares y en las discotecas. Además, llaman la atención, la mayoría de los casos se ciñen a los preceptos legales, como ir aseado y alejar a quienes llegan con los ánimos exaltados, casi siempre por culpa del alcohol y las drogas.

Los empresarios abogan por que los propios hosteleros fijen las restricciones de su local. El objetivo, determinan, no es otro que asegurarse que el cliente se encuentra cómodo, para lo que necesitan evitar que accedan al local determinadas personas.