Sean Connery: «No tuve relación con Gil»

marbella. Lo niega todo, incluso el contenido de un contrato que lleva su firma pero está redactado en español, un idioma que asegura desconocer. No se sabe si en el momento de responder el actor británico arqueó una ceja en uno de los gestos característicos de los personajes que le dieron celebridad, pero la declaración jurada realizada por Sean Connery ante un notario de las islas Bahamas que ya se encuentra en poder el juzgado de Marbella donde se instruye el 'caso Goldfinger' es una suma de negativas sobre cualquier responsabilidad en las operaciones urbanísticas y el presunto fraude fiscal que se investigan en la causa, abierta a partir de la venta de su antigua residencia en Marbella, Malibú, y la firma de un posterior convenio en el que se habrían visto perjudicados los intereses del Ayuntamiento.

«No mantuve relación con Gil», «No conozco a Juan Antonio Roca», «No lo conozco, ni por tanto he mantenido ni mantengo relación alguna con Julián Felipe Muñoz Palomo» son algunas de las respuestas entregadas por Connery, que posteriormente le fueron leídas ante notario para que estampara su firma al pie del documento, que ocupa 56 folios y al que ha tenido acceso SUR. Sin embargo, la afirmación más sorprendente está incluida en el encabezado de la declaración, donde tras indicar que sus abogados españoles -el despacho Díaz Bastién, cuyos responsables están también imputados en la causa- le han informado de que ha sido «identificado como parte de un proceso penal en España», afirma que realiza la declaración por propia voluntad y con el propósito de cooperar y agilizar la investigación, aunque matiza: «Sin someterme en modo alguno a la jurisdicción del juzgado español o admitir la validez» de la solicitud de auxilio judicial librada por las autoridades españolas a las de Bahamas.

En la declaración, el actor asegura que no tiene nada que ver con la firma de los convenios que se investigan en la operación 'Goldfinger' y que desconoce su contenido, del mismo modo que sostiene desconocer las sociedades propiedad de Juan Antonio Roca por las que se le pregunta.

Sobre su relación con Jesús Gil asegura: «Creo que le vi en un acto público, no considero que eso pueda definirse como que lo conocía. No mantuve ninguna relación con él. En los años 90 insté a mi abogado Héctor Díaz-Bastién para que requiriese legalmente al señor Gil que retirase el vídeo de la campaña política a su reelección como alcalde de Marbella que contenía imágenes mías que sin mi consentimiento ni autorización fueron incluidas en dicho vídeo. El requerimiento fue atendido». En ese sentido, niega haber tenido tratos con Gil, Roca y Julián Muñoz, y asegura que nunca estuvo ni en las oficinas de Gil ni en el Ayuntamiento de Marbella. También afirma: «no he obtenido ventaja alguna en relación con los convenios que se citan».

Otras de las preguntas se relacionan con las dos sociedades que se vinculan a los convenios investigados y que constituyen el núcleo de la causa: Malibú SA y By the Sea. Sobre la primera sostiene que se apartó en los años 80, cuando transfirió la propiedad a su mujer, y en relación a la segunda asegura que nunca tuvo vinculación alguna.

También rechaza que haya realizado operaciones urbanísticas en Marbella y a una de las preguntas responde negando haber estado en el Registro de la Propiedad y haber entregado regalos a sus empleados. También asegura que no obtuvo ganancias ni plusvalías en las operaciones que se investigan en el caso

En relación con el posible fraude fiscal afirma que no tiene obligaciones tributarias en España, y niega también ser titula de sociedades en Isla de Man, Uruguay, Panamá y Holanda, países a los que apunta la investigación sobre el supuesto lavado de dinero.

La declaración fue entregada al juez instructor el pasado 21 de enero, casi dos años después de la comparecencia del actor en una notaría de Bahamas, donde se presentó el 21 de febrero de 2012 asistido por dos abogados, uno británico y otro español. Este retraso, que parece inscribirse en una maniobra dilatoria ya que la comisión rogatoria fue dictada en diciembre de 2010 con un plazo de seis meses, provocó que el juez instructor señalara en un auto su sorpresa por una situación que considera inexplicable. No fue hasta el 3 de septiembre de 2013, después de realizada la declaración, cuando la Oficina del fiscal general y el Ministerio de Asuntos Jurídicos de Bahamas remitieron el documento al juzgado de Marbella, según un documento al que también tuvo acceso SUR.