El metro no contratará al personal hasta que no lleguen los 46 millones de la UE

La realidad a día de hoy es que, pese al fin del conflicto político, la sociedad concesionaria Metro Málaga no está dispuesta a poner un solo euro más sobre la mesa hasta que se ejecute la última disposición de crédito, unos fondos que le permitirían rematar los flecos técnicos que quedan pendientes y contratar al personal necesario para la puesta en marcha de las líneas 1 (Teatinos) y 2 (Carretera de Cádiz) hasta el intercambiador del Perchel ubicado junto a la estación María Zambrano. Se trata de 63 operadores de línea (conductores de trenes y supervisores de las estaciones), 20 técnicos de operaciones (coordinadores de tráfico que trabajarán desde el puesto de mando central) y otros doce empleados para labores administrativas y de atención al cliente. Los 95 aspirantes hace meses que fueron seleccionados, pero siguen sin firmar el contrato. Cuando por fin lo hagan, necesitarán un periodo formación sobre el terreno que durará unos dos meses, a la que seguirá otro mes para las denominadas 'pruebas en blanco' del metro (un servicio real, pero sin pasajeros). De este modo, y en el mejor de los casos, el suburbano no empezará a rodar hasta la primavera de 2014, suponiendo que el BEI abra el grifo a comienzos de año.

¿Y será así? Ése es al menos el calendario que de puertas para dentro manejan en la Consejería de Fomento, donde los técnicos están trabajando «contra el reloj y a marchas forzadas» en la elaboración y recopilación de toda la documentación que exige la entidad financiera en la que se acredite y justifique la modificación del proyecto. Un expediente en el que el «elemento fundamental» será el protocolo de intenciones suscrito hace una semana en virtud del cual el Ayuntamiento acepta que el metro se prolongue hasta el Civil en superficie por Eugenio Gross a cambio de que la Consejería de Fomento le exima de pagar los 32 millones que le reclamaba por las obras ya realizadas.

Justificar la nueva realidad

En ese informe, la Junta también deberá remitir los nuevos parámetros que conlleva que en lugar de llegar a La Malagueta como estaba previsto en el contrato de concesión firmado en 2004, el metro acabe en Atarazanas y continúe desde El Corte Inglés hacia el norte. Una solución que implica una inversión de 130 millones de euros menos, un aumento de la demanda estimada de viajeros hasta los 21,5 millones anuales, una reducción de los plazos de obras e incluso una variación de los costes de explotación. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que si hubiera que partir de cero todo este procedimiento se comería unos seis meses, aunque dado que los trámites «están muy avanzados» la intención es que el soporte documental pueda estar en poder del BEI en unos dos meses.

Por suerte, de lo que no depende la liberación de esos 46 millones es de que Junta y Ayuntamiento pongan negro sobre blanco todos los detalles del acuerdo alcanzado la semana pasada, entre ellos definir cuál será la aportación municipal en el futuro canon de explotación. El primer capítulo tendrá lugar el jueves en una comisión técnica con el objetivo de ir avanzando puesto que la adenda al convenio del metro de abril de 2003 debe estar firmada antes de su entrada en servicio.