La Junta lleva a cabo la primera expropiación de una vivienda para evitar un desahucio

La vivienda, financiada con la Caixa, había sido embargada por una sociedad destinada a la compraventa especulativa de bienes inmobiliarios, A Y T Fondo Hipotecario Mixto, a la que había sido vendida la hipoteca. La orden de desahucio judicial es del pasado mayo. La familia de María del Carmen es de las primeras que recibieron el visto bueno de la Consejería de Fomento en aplicación del decreto sobre la función social de la vivienda aprobado en abril, el llamado decreto antidesahucios. La consejería que dirige Elena Cortés tenía todo listo para proceder a la expropiación cuando el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional el decreto por invasión de competencias y el expediente quedó paralizado.

Fomento reactivó los expedientes tras aprobar el Parlamento el pasado 26 de septiembre la ley del mismo nombre que el decreto, pero de mayor rango. Como el de María del Carmen hay otros 17 expedientes a punto de culminar: seis en Málaga, cuatro en Sevilla, tres en Almería, dos en Granada, una en Huelva y otra en Cádiz. Cortés ha solicitado una reunión de la comisión bilateral Junta-Gobierno para evitar un recurso a la ley.

En cualquier caso, la consejera de Fomento ha hallado cierta comprensión por parte de los jueces. Ninguno ha ejecutado los desalojos de las viviendas con expedientes de expropiación andaluces ante la posibilidad de que se resuelva a favor de los afectados.

En el caso de María del Carmen, le habían dado un nuevo plazo que se cumplía en diciembre. Esta mujer onubense de 41 años nunca perdió la esperanza. «Sí se puede», dice el cartel que ayer colgó de la ventana de su piso. Su historia es parecida a la de otras cientos de familias desde que comenzó la crisis. Perdió su casa en octubre de 2011 tras salir a subasta después de 15 meses sin pagar la hipoteca por falta de recursos. En la actualidad, María del Carmen trabaja como limpiadora, por lo que recibe 350 euros mensuales. Este ingreso se complementa con la ayuda de 420 euros que recibe su marido por ser parado de larga duración y otra de 80 euros que percibe ella. En total, 800 euros, según Efe.

«Decía a la gente que no se viniera abajo, que luchara, que sí se puede, que no se rindieran y yo les digo que desde la Consejería de Fomento y Vivienda, desde el Gobierno andaluz, nos hemos tomado al pie de la letra estas palabras y no nos rendimos», manifestó la consejera de Fomento, satisfecha por haber culminado uno de sus retos políticos en su cruzada contra los desahucios.

El procedimiento es complejo y aún restan flecos. La culminación del expediente de expropiación le asegura a la familia un techo bajo el que vivir en alquiler social. La casa no es suya y deberá abandonarla si en tres años no consigue mejorar su economía. Mientras tanto, la familia pagará el 25% de sus ingresos y nunca más de 130 euros al mes.

Justiprecio

Fomento propone a la sociedad inmobiliaria un acuerdo económico por el uso de la vivienda durante tres años por 4.711 euros, justiprecio calculado con el 2% del precio del remate por el que la sociedad se adjudicó en subasta el inmueble, según explican fuentes de la Consejería de Fomento.

Si AyT no acepta el acuerdo en un plazo de 15 días, la Consejería iniciará los trámites para la «urgente ocupación» de la vivienda mientras el conflicto se dirime en la Comisión Provincial de Valoraciones.

Además de los 17 expedientes a falta solo de pasar por el Consejo de Gobierno, hay otros 113 listos para su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tras constatar los técnicos de la Consejería que cumplen los requisitos y encontrarse ahora en fase de cotejo de la información. También hay otras 507 familias que han pedido la misma protección que María del Carmen.